Permiso de Trabajo

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  • Abrir empresa en España desde Brasil: diferencias fiscales clave

    Abrir empresa en España desde Brasil: diferencias fiscales clave

    Brasil es la mayor economía de Latinoamérica y uno de los orígenes de inversión más relevantes hacia España, especialmente en sectores como tecnología, agroindustria, energía e ingeniería. Sin embargo, el sistema fiscal brasileño presenta diferencias notables respecto al español que conviene conocer antes de implantar una empresa en España. En este artículo repasamos el proceso de constitución, las principales diferencias fiscales y los aspectos migratorios a tener en cuenta.

    Por qué las empresas brasileñas eligen España

    Más allá de la afinidad idiomática con Portugal y del tamaño del mercado brasileño, España se ha consolidado como puerta de entrada de empresas brasileñas al mercado europeo gracias a su estabilidad jurídica, su ubicación estratégica y una red de convenios de doble imposición que facilita la planificación fiscal internacional del grupo.

    Principales diferencias fiscales entre Brasil y España

    Antes de estructurar la operación conviene tener presente que ambos sistemas fiscales difieren en aspectos clave:

    • Impuesto sobre sociedades: en Brasil coexisten varios tributos sobre el beneficio empresarial (IRPJ y CSLL) con tipos efectivos que pueden superar el tipo general español, mientras que en España el Impuesto sobre Sociedades se articula en un único tributo con tipo general y reducido para entidades de nueva creación.
    • Imposición indirecta: el sistema brasileño de impuestos sobre el consumo (ICMS, PIS, COFINS, entre otros) es notablemente más complejo que el IVA español, armonizado a nivel europeo.
    • Retenciones sobre pagos al exterior: Brasil aplica retenciones elevadas sobre determinados pagos al extranjero, lo que hace especialmente relevante analizar el convenio de doble imposición vigente entre ambos países para optimizar los flujos entre la matriz y la filial.

    Estructuras societarias disponibles en España

    Las opciones habituales para una empresa brasileña son:

    1. Sociedad Limitada (SL): flexible y de constitución rápida, adecuada para la mayoría de proyectos.
    2. Sucursal: extensión de la matriz brasileña, útil para mantener unidad de gestión y facturación consolidada con la casa central.
    3. Filial vía Sociedad Anónima (SA): recomendable en proyectos de mayor envergadura o con vocación de cotización o entrada de inversores.

    Analizar con detalle qué opción resulta más eficiente exige valorar la política de repatriación de beneficios prevista y el nivel de exposición a responsabilidad, con apoyo de asesoramiento especializado sobre sucursal o filial.

    Pasos para constituir la sociedad

    1. Obtención del NIE de los socios brasileños o acreditación de la sociedad matriz mediante poderes apostillados y traducidos.
    2. Certificación negativa de denominación social.
    3. Apertura de cuenta bancaria española y aportación del capital social.
    4. Escritura pública de constitución ante notario español.
    5. Inscripción en el Registro Mercantil.
    6. Alta censal en Hacienda y obtención del NIF definitivo.
    7. Alta en Seguridad Social si se contrata personal.

    Fiscalidad en España y precios de transferencia

    Una vez operativa, la sociedad española deberá cumplir con sus obligaciones de Impuesto sobre Sociedades, IVA y retenciones. Dado que Brasil aplica un régimen de precios de transferencia con metodología propia, distinta del estándar OCDE seguido por España, resulta especialmente importante armonizar la política de precios de transferencia del grupo para evitar contingencias en ambas jurisdicciones simultáneamente.

    Convenio de doble imposición España-Brasil

    El convenio vigente entre España y Brasil limita los tipos de retención sobre dividendos, intereses y cánones, aunque incorpora particularidades (como cláusulas de tax sparing en determinados supuestos históricos) que conviene revisar caso por caso con tu asesor fiscal antes de diseñar los flujos financieros del grupo.

    Visado y residencia para el inversor brasileño

    Si el socio brasileño va a trasladarse a España para dirigir el negocio, deberá tramitar su autorización de residencia, normalmente mediante la vía de residencia por cuenta propia o, si existe vinculación laboral previa con el grupo, mediante traslado intraempresarial. Es aconsejable coordinar este trámite con el calendario de constitución societaria.

    Cuenta bancaria y cumplimiento normativo

    La apertura de cuenta corporativa suele requerir documentación detallada sobre el origen de los fondos y la titularidad real de la sociedad brasileña, en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Preparar esta documentación con antelación agiliza notablemente el proceso.

    Defensa ante comprobaciones tributarias

    Las operaciones vinculadas entre matrices brasileñas y filiales españolas son objeto frecuente de atención por parte de la Agencia Tributaria, precisamente por las diferencias metodológicas entre ambos sistemas de precios de transferencia. Contar con un informe pericial tributario independiente ayuda a sustentar técnicamente la valoración de las operaciones ante una eventual inspección.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es más ventajoso constituir una filial o una sucursal desde Brasil?

    Depende del proyecto: la filial limita la responsabilidad patrimonial y facilita la entrada de nuevos socios, mientras que la sucursal simplifica la gestión unificada con la matriz brasileña. Conviene analizarlo caso por caso.

    ¿Qué documentación brasileña necesito legalizar?

    Certificados societarios, poderes de representación y documentos de identidad de los socios, todos ellos con apostilla de La Haya y traducción jurada al castellano.

    ¿El convenio de doble imposición elimina toda retención?

    No la elimina por completo, pero reduce sensiblemente los tipos aplicables a dividendos, intereses y cánones frente a la retención interna que aplicaría cada país sin convenio.

    En LRB Tax & Legal contamos con experiencia específica en la implantación de grupos brasileños en España, incluyendo el diseño de estructuras de holding eficientes. Contacta con nuestro equipo para analizar tu proyecto de expansión.

  • Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio se valora y para qué sirve

    Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio se valora y para qué sirve

    El informe de valoración en la Ley de Segunda Oportunidad sirve para fijar con criterio técnico el valor de los bienes y derechos del deudor persona natural, de modo que el procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho parta de un inventario fiable: qué se puede liquidar, qué se puede conservar, cuánto se puede pagar en un plan de pagos y qué deuda queda realmente sin cubrir. El régimen está recogido en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), en el Libro Primero, Título XII, y fue reformado por la Ley 16/2022. Para un emprendedor o autónomo, también extranjero residente en España, cuyo negocio ha fracasado, la valoración puede ser decisiva y, junto con la valoración en la Ley de Segunda Oportunidad, ordena el expediente desde el inicio.

    Qué es la exoneración del pasivo insatisfecho

    La Ley de Segunda Oportunidad permite a la persona natural insolvente, empresaria o no, de buena fe, obtener la exoneración de las deudas que no haya podido pagar tras liquidar su patrimonio o tras cumplir un plan de pagos. La normativa distingue entre dos vías: la exoneración con liquidación de la masa activa y la exoneración con plan de pagos. En ambos casos, la imagen fiel del patrimonio es el punto de partida: sin conocer qué tiene el deudor y cuánto vale, no es posible determinar ni la liquidación ni el plan.

    La ley exige también que el deudor actúe de buena fe, lo que implica, entre otros aspectos, no haber ocultado bienes, haber colaborado con el procedimiento y no haber sido condenado por determinados delitos. Cuando se trata de deudas con créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social), la exoneración está sujeta a límites cuantitativos, por lo que el análisis de la deuda tributaria forma parte de la valoración estratégica del caso.

    Dónde interviene la valoración

    • Inventario de bienes y derechos: inmuebles, vehículos, cuentas, participaciones sociales, derechos de crédito, propiedad intelectual, negocio.
    • Valor de realización: cuánto se obtendría realmente con la venta, descontando costes de transacción, cargas y gravámenes.
    • Bienes con garantía real: el valor de la garantía determina qué parte del crédito está cubierta y qué parte es ordinaria.
    • Vivienda habitual: su tratamiento especial exige conocer su valor y el de la hipoteca para valorar su conservación o liquidación.
    • Negocio del autónomo: su valor como unidad productiva o como suma de activos influye en la decisión de continuar o cerrar.
    • Plan de pagos: la capacidad de pago futura, estimada con criterios técnicos, determina las cuotas y su duración.

    Valoración de bienes y responsabilidad del deudor

    El deudor está obligado a presentar un inventario completo y veraz. Un informe de valoración elaborado por un profesional independiente protege al deudor frente a dos riesgos. El primero es infravalorar bienes, lo que podría interpretarse como ocultación y comprometer la buena fe. El segundo es sobrevalorarlos, lo que generaría expectativas irreales de liquidación y un plan de pagos inviable. Un criterio técnico reduce el margen de discusión con los acreedores y con la administración concursal o el mediador, y facilita que el juez comprenda cómo se han obtenido las cifras.

    En esta materia es útil distinguir entre valor de mercado, valor de realización forzosa y valor contable. Un inmueble puede valer una cantidad en condiciones normales y otra bastante inferior si debe venderse con urgencia. El informe debe explicar cuál utiliza y para qué finalidad, porque el procedimiento mezcla momentos en los que interesa uno u otro.

    El negocio del deudor autónomo

    Cuando el deudor es un empresario individual, el negocio forma parte del patrimonio, pero también es su fuente de ingresos futuros. La valoración debe ponderar si el negocio tiene valor transmisible o si depende exclusivamente de la actividad personal del titular, en cuyo caso su venta sería poco viable. Para el autónomo extranjero cuya autorización de residencia y trabajo está ligada a la actividad, esta cuestión tiene además una dimensión administrativa: mantener o cerrar el negocio puede tener efectos en el permiso. Conviene coordinar el enfoque concursal con el de Extranjería, con asesoramiento específico en ambos ámbitos.

    Ejemplo hipotético

    Pensemos, como mera ilustración, en un autónomo extranjero residente que ha tenido un pequeño comercio con deudas bancarias, con proveedores y con la Seguridad Social. Su patrimonio incluye un local en alquiler, existencias, un vehículo y una participación en otra sociedad. Un informe de valoración determina que las existencias tienen un valor de realización muy inferior al de coste por obsolescencia, que el vehículo vale menos que el préstamo que lo financia y que la participación carece de valor práctico por pérdidas acumuladas. Con esa imagen, el deudor puede proponer una exoneración con liquidación o un plan de pagos realista, y el juez dispone de datos para apreciar su buena fe. Todo el supuesto es inventado.

    Documentación que conviene reunir

    1. Relación completa de acreedores, con importe, fecha y naturaleza de cada deuda.
    2. Escrituras, notas registrales y tasaciones de los inmuebles.
    3. Extractos bancarios y justificantes de ingresos de los últimos ejercicios.
    4. Libros contables, declaraciones fiscales y cuentas anuales del negocio, si procede.
    5. Contratos de financiación, leasing o garantías prestadas.
    6. Certificados de deuda de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

    Errores frecuentes

    • Presentar un inventario incompleto por olvido o por desconocimiento de que ciertos derechos son bienes.
    • No distinguir valor de mercado y valor de realización.
    • Ignorar los efectos fiscales de la venta de bienes durante la liquidación.
    • No considerar las garantías personales de terceros (avalistas, cónyuge) y su incidencia.
    • Acudir al procedimiento sin analizar si existen alternativas, como una negociación con los acreedores.

    Exoneración con liquidación o con plan de pagos: cómo influye la valoración

    La elección entre ambas vías depende en gran medida de los números. En la exoneración con liquidación, el deudor pone sus bienes a disposición del procedimiento para que se vendan y su producto se reparta entre los acreedores según el orden legal; las deudas que no se cubran quedan exoneradas, con las excepciones y límites previstos. En la exoneración con plan de pagos, el deudor conserva sus bienes y se compromete a pagar durante un periodo con cargo a sus ingresos futuros, tras lo cual obtiene la exoneración del resto. Para decidir cuál conviene, hay que saber qué se obtendría de la liquidación, qué cuotas puede soportar el deudor y cuánto tiempo le llevaría cumplir el plan.

    Un informe de valoración permite comparar ambas opciones con cifras. Si el patrimonio liquidable tiene un valor de realización muy bajo, la liquidación aporta poco a los acreedores y puede ser la vía más rápida. Si el deudor mantiene una actividad con ingresos estables, un plan de pagos ajustado a su capacidad real puede ser más razonable. En ambos casos, los acreedores y el juez examinarán la coherencia de los números, por lo que la documentación y la trazabilidad de las hipótesis son esenciales.

    Relación con los acreedores y con la mediación

    Antes de acudir al juzgado, la ley prevé como regla general un intento de acuerdo extrajudicial de pagos, que se tramita ante un mediador concursal, notario o registrador, según los casos. El informe de valoración es útil también en esa fase, porque permite presentar a los acreedores una propuesta fundada. Un acreedor que comprueba que el patrimonio del deudor ha sido valorado por un tercero independiente tiene más elementos para aceptar una quita o una espera, y para evaluar que no será mejor opción la ejecución forzosa. La transparencia reduce la desconfianza y aumenta las posibilidades de alcanzar un acuerdo que evite el procedimiento judicial.

    Cuando alguno de los acreedores impugna la valoración, el perito debe poder defenderla con documentación: tasaciones previas, certificaciones registrales, ofertas de compra o datos de mercado. Si hay discrepancias sobre un bien concreto, el juez puede acordar una nueva valoración o la designación de un perito, de ahí la importancia de partir de una base metodológicamente sólida desde el principio.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio un informe de valoración para pedir la exoneración?

    La ley exige un inventario y la documentación del patrimonio, pero no impone en todos los casos un informe pericial. Aun así, resulta muy recomendable cuando hay bienes de valor significativo o un negocio en marcha.

    ¿Se pueden exonerar las deudas con Hacienda?

    Sí, con límites cuantitativos para el crédito público y con las condiciones que fija el TRLC. La concreción de esos límites debe consultarse en el texto vigente.

    ¿Qué ocurre con la vivienda habitual?

    Su tratamiento depende de si está hipotecada y de la opción que se elija. La valoración permite decidir con datos si es preferible conservarla o liquidarla.

    ¿Puede un extranjero acogerse a este procedimiento?

    Puede acudir cuando se cumplan los requisitos de la ley, entre ellos que se trate de una persona natural insolvente cuyo centro de intereses principales esté en España. Debe analizarse el caso concreto.

    Conclusión

    La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta eficaz para quien ha fracasado en un proyecto empresarial, y la valoración del patrimonio es el cimiento sobre el que se construye todo el procedimiento. Un inventario realista y un informe técnico facilitan la decisión del juez y protegen al deudor. Para orientarse en el proceso, puede contar con la asesoría legal y fiscal de LRB. Si su situación tiene además consecuencias en Extranjería, conviene conocer cómo funciona la renovación del permiso de residencia y trabajo. Y para documentar el estado patrimonial con rigor, consulte los informes de responsabilidad profesional y la relación de finalidades en las que se emplean los informes de ValiTax.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Abrir empresa en España desde Ecuador: pasos para implantarte

    Abrir empresa en España desde Ecuador: pasos para implantarte

    El interés de empresarios ecuatorianos por instalarse en España no ha dejado de crecer en los últimos años, tanto por los vínculos históricos entre ambos países como por las oportunidades que ofrece el mercado europeo a través de una sociedad española. Si estás valorando constituir una sociedad en España desde Ecuador, este artículo te explica el procedimiento, la fiscalidad y los aspectos migratorios que debes planificar.

    Por qué España es un destino natural para el inversor ecuatoriano

    Además del idioma común y la proximidad cultural, España ofrece a las empresas ecuatorianas acceso directo al mercado único europeo, un marco regulatorio predecible y una red de convenios de doble imposición muy amplia. Muchas pymes ecuatorianas del sector agroalimentario, tecnológico y de servicios profesionales han optado por abrir una filial o sucursal española como plataforma de expansión hacia Europa.

    Elegir la estructura jurídica correcta

    Las opciones más habituales son:

    • Sociedad Limitada (SL): estructura flexible, con responsabilidad limitada al capital social, adecuada para la mayoría de proyectos de tamaño pequeño y mediano.
    • Sucursal: sin personalidad jurídica propia, dependiente de la matriz ecuatoriana; simplifica la contabilidad consolidada pero no limita la responsabilidad patrimonial.
    • Sociedad Anónima (SA): recomendable para proyectos de mayor envergadura o cuando se prevé la entrada de varios inversores institucionales.

    Un análisis previo con tu asesor sobre qué estructura conviene, sucursal o filial, evita reestructuraciones costosas más adelante.

    Proceso de constitución paso a paso

    1. Obtención del NIE para los socios ecuatorianos (personas físicas) o acreditación de la sociedad matriz mediante poderes apostillados.
    2. Solicitud de certificación negativa de denominación social en el Registro Mercantil Central.
    3. Apertura de cuenta bancaria en España y aportación del capital social.
    4. Firma de la escritura de constitución ante notario, aportando la documentación ecuatoriana con apostilla de La Haya y traducción jurada.
    5. Inscripción en el Registro Mercantil Provincial.
    6. Alta censal en la Agencia Tributaria (modelo 036) y solicitud del NIF definitivo.
    7. Alta en la Seguridad Social si procede contratar personal o si el administrador va a ejercer actividad en territorio español.

    El proceso completo, con la documentación en regla, suele tardar entre cuatro y seis semanas.

    Fiscalidad de la sociedad española

    La sociedad tributará en España por el Impuesto sobre Sociedades, con posibilidad de aplicar el tipo reducido para entidades de nueva creación durante los primeros ejercicios con base imponible positiva (consulta los importes actualizados vigentes cada año). Adicionalmente deberá gestionar:

    • El IVA sobre las operaciones realizadas en territorio español o intracomunitario.
    • Las retenciones sobre nóminas, arrendamientos y servicios profesionales.
    • La documentación de precios de transferencia si existen operaciones con la matriz ecuatoriana u otras sociedades del grupo.

    Convenio de doble imposición España-Ecuador

    España y Ecuador cuentan con convenio para evitar la doble imposición, que reduce los tipos de retención sobre dividendos, intereses y cánones transferidos entre ambos países. Para aplicar estos tipos reducidos es necesario aportar el certificado de residencia fiscal ecuatoriano vigente en el momento de cada pago.

    Residencia y visado para el socio o directivo

    Si el empresario ecuatoriano va a trasladarse a España para gestionar directamente el negocio, deberá tramitar en paralelo su autorización de residencia. Las vías más habituales son la residencia por cuenta propia (emprendedor o autónomo) o, si ya existe una relación laboral previa con el grupo empresarial en Ecuador, el traslado intraempresarial. Planificar este trámite junto con la constitución societaria evita retrasos, ya que ambos expedientes suelen requerir documentación cruzada.

    Cuenta bancaria y prevención del blanqueo de capitales

    Las entidades bancarias españolas aplican controles estrictos de prevención de blanqueo (KYC), por lo que conviene preparar con antelación la documentación sobre el origen de los fondos, la estructura de titularidad real de la sociedad ecuatoriana y las referencias bancarias previas. Este suele ser el trámite que más tiempo consume en la práctica.

    Gestión de riesgos fiscales en operaciones internacionales

    Cuando la sociedad española mantiene relaciones comerciales o financieras habituales con la matriz ecuatoriana, es frecuente que la Agencia Tributaria revise con especial atención la valoración de dichas operaciones. Ante una comprobación de este tipo, disponer de un informe pericial tributario elaborado por un perito independiente puede ser determinante para defender la correcta valoración de las operaciones vinculadas.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo constituir la sociedad sin viajar a España?

    Sí, es posible mediante representación con poder notarial apostillado, aunque algunos bancos exigen presencia física o videoidentificación para abrir la cuenta corporativa.

    ¿Cuánto tiempo tarda todo el proceso?

    De forma orientativa, entre cuatro y seis semanas desde que se dispone de la documentación ecuatoriana correctamente legalizada y traducida.

    ¿Necesito residir en España para ser administrador de la sociedad?

    No es obligatorio; puedes ser administrador no residente. Solo necesitarás una autorización de residencia si vas a desarrollar de forma habitual tu actividad profesional en territorio español.

    En LRB Tax & Legal ayudamos a empresarios ecuatorianos a estructurar su implantación en España de forma eficiente, tanto desde el punto de vista mercantil como fiscal y migratorio, ofreciendo también estructuras de holding cuando el proyecto lo requiere. Contacta con nosotros para diseñar el plan de implantación adecuado a tu negocio.

  • Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores paso a paso

    Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores paso a paso

    La tasación pericial contradictoria es el mecanismo previsto en el art. 135 de la Ley General Tributaria (LGT) para que el contribuyente que discrepa del valor que la Administración ha fijado en una comprobación de valores pueda someterlo a contraste con un perito propio. Se solicita dentro del plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación, suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir, y puede acabar en una valoración distinta o, si la diferencia entre peritos es relevante, en la intervención de un tercer perito. Para quien hereda, compra un inmueble o transmite participaciones en España, incluso desde el extranjero, conocer este cauce evita aceptar por inercia un valor desproporcionado. El apoyo de un informe pericial tributario es la base de una buena solicitud.

    Qué es una comprobación de valores

    La Administración puede comprobar el valor de los bienes, derechos y rentas declarados utilizando los medios del art. 57 LGT: estimación por referencia a valores publicados, precios medios de mercado, capitalización de rendimientos, valor asignado en seguros, dictamen de peritos de la Administración y otros. Ese valor se usa para liquidar impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales, el de Sucesiones y Donaciones o, en ciertos casos, el de Patrimonio. Cuando el valor comprobado es superior al declarado, se practica una liquidación complementaria con intereses y, en su caso, sanción.

    Todo procedimiento de comprobación debe motivarse. La Administración tiene que indicar el método elegido y los datos concretos en los que se apoya. Si la motivación es genérica, o si no permite al contribuyente entender cómo se llegó a la cifra, la liquidación puede ser anulada. Esta es una primera línea de defensa, independiente de la tasación pericial contradictoria.

    Cuándo se puede solicitar y qué plazo hay

    El art. 135 LGT permite promover la tasación pericial contradictoria, como corrección de los demás medios de comprobación de valores del art. 57 LGT, a quien discrepa del valor fijado por la Administración. La solicitud debe presentarse dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación, es decir, en el mes siguiente a su notificación, en los casos habituales. Si el plazo se deja pasar, la liquidación se convierte en firme respecto de esa vía.

    El efecto principal de la solicitud es la suspensión de la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación. Esa suspensión se mantiene hasta que se notifica la liquidación resultante de la tasación, con lo que el contribuyente no tiene que impugnar y, a la vez, pedir la tasación. Es una ventaja práctica relevante, pero obliga a estar atento al momento en que se reanuda el cómputo.

    Paso a paso del procedimiento

    1. Revisar la liquidación y su motivación, y anotar la fecha de notificación.
    2. Encargar un informe de valoración a un perito que conozca el tipo de bien y los criterios de la Administración.
    3. Presentar la solicitud de tasación pericial contradictoria dentro del plazo, designando al perito del contribuyente y acompañando el informe cuando sea posible.
    4. Esperar la respuesta de la Administración, que puede aceptar la nueva valoración o mantener la suya.
    5. Si la diferencia es importante, se designa un tercer perito y su valoración resolverá.
    6. Recibir la nueva liquidación, con la valoración final, y decidir si se recurre.

    El tercer perito y los umbrales del art. 135.3 LGT

    La norma prevé una regla para evitar que cualquier diferencia mínima desemboque en un nuevo peritaje. Si la discrepancia entre la valoración del perito del contribuyente y la de la Administración no supera los umbrales fijados en el art. 135.3 LGT (un importe en euros y un porcentaje sobre la tasación administrativa), no se acude al tercer perito. Si los supera, la Administración designa un tercer perito y su valoración resuelve la discrepancia en los términos que fija la norma. Conviene consultar la redacción vigente del precepto, porque las cuantías pueden actualizarse y su aplicación exige comparar las dos tasaciones.

    Los honorarios del perito del contribuyente corren a cargo de este, mientras que los del tercer perito suelen ser asumidos por la Administración, con las reglas específicas que fija la normativa. Esa asimetría hace aconsejable contar desde el principio con un informe sólido, que reduzca la probabilidad de que el tercer perito se aleje de la tasación del contribuyente.

    Qué debe contener la valoración del perito del contribuyente

    • Identificación precisa del bien o derecho y de su situación jurídica.
    • Fecha de valoración alineada con la del devengo del impuesto.
    • Método elegido y razones que lo justifican frente al empleado por la Administración.
    • Testigos de mercado o datos comparables, con fuentes verificables.
    • Análisis de las diferencias con la valoración administrativa, punto por punto.
    • Conclusión clara con un valor o una horquilla, y las limitaciones del trabajo.

    Un buen informe no se limita a decir que el valor es menor: demuestra, con datos, por qué el criterio administrativo sobrestima el valor del bien concreto, ya sea por su estado, por su ubicación, por cargas, por falta de liquidez o por otras circunstancias. Esta forma de razonar es característica del trabajo de segunda opinión experta.

    Ejemplo hipotético

    Imaginemos, solo con fines ilustrativos, a una heredera residente en el extranjero que recibe un inmueble en España. La Administración comprueba el valor por un método de referencia y lo fija en una cifra considerablemente superior a la declarada. La heredera, con un informe de tasación que considera el estado real del bien y las ventas recientes de inmuebles comparables, solicita la tasación pericial contradictoria en plazo. La Administración mantiene su valor, la diferencia supera los umbrales y se designa un tercer perito, cuya valoración resuelve la discrepancia. La liquidación definitiva se calcula sobre el valor resultante, que en este ejemplo es inferior al comprobado inicialmente. Todo es inventado y no corresponde a un caso real.

    Errores frecuentes

    • Dejar pasar el plazo para solicitarla, que es el del primer recurso.
    • Pedir la tasación y, a la vez, no preparar un informe que respalde la solicitud.
    • Utilizar comparables lejanos en el tiempo o en el espacio.
    • No coordinar la tasación con los motivos de impugnación de la liquidación.
    • Olvidar que la tasación no sirve para discutir la sanción si esta se impone aparte.

    Cuándo tiene más sentido otra vía

    Cuando el problema es la falta de motivación del método administrativo, es posible que baste con recurrir y pedir la anulación de la liquidación. Si, en cambio, el valor discutido depende de datos técnicos que la Administración no ha ponderado, la tasación pericial contradictoria es la vía natural. Muchas veces ambas se combinan: se alega la falta de motivación y se pide la tasación con carácter subsidiario, siempre cuidando los plazos y los requisitos formales para no perder ninguna opción.

    Pruebas y datos que conviene reunir desde el primer día

    La calidad de la tasación depende de la información disponible. En inmuebles, conviene reunir la escritura de adquisición, las notas registrales, la referencia catastral, fotografías actuales, informes técnicos sobre el estado de conservación, licencias, certificados de eficiencia energética y cualquier carga que afecte al bien. También son útiles las ofertas de venta, los precios de operaciones similares en la zona y las tasaciones bancarias anteriores, siempre que se identifiquen con exactitud su fecha y finalidad. En participaciones sociales, el perito necesitará las cuentas anuales de los últimos ejercicios, el balance a la fecha de devengo, los contratos relevantes y los acuerdos de socios que puedan condicionar el valor.

    No hay que olvidar la información que la propia Administración ha empleado: el expediente de comprobación, el informe del perito administrativo si existe y los datos de los testigos de mercado utilizados. Contrastar esos elementos con la realidad del bien es la base para señalar con precisión dónde se aparta la valoración oficial del valor real. Una crítica concreta, referida a comparables inadecuados o a un estado de conservación mal considerado, es más persuasiva que una discrepancia genérica.

    Relación con la vía de recurso y con la sanción

    Conviene tener presente que la tasación pericial contradictoria se centra en el valor. Si el contribuyente discrepa también de otros aspectos de la liquidación, como la aplicación de un tipo, la procedencia de una reducción o la motivación de una sanción, deberá hacerlo valer mediante los recursos que correspondan y respetando los plazos. En la práctica, muchos profesionales plantean la tasación y reservan expresamente el derecho a impugnar el resto de las cuestiones una vez notificada la liquidación definitiva. Esa reserva evita que se entienda que se ha consentido algo que no se quería aceptar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo pedir la tasación pericial contradictoria si ya recurrí?

    La ley la vincula al primer recurso o reclamación contra la liquidación. Si ya se agotó esa vía sin solicitarla, es difícil recurrir a este mecanismo después.

    ¿Suspende la deuda?

    Suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir mientras se tramita, en los términos del art. 135 LGT. Conviene comprobar las condiciones aplicables en cada caso, incluidos los intereses.

    ¿Quién puede ser el perito del contribuyente?

    Un profesional con la titulación adecuada en la materia del bien. Debe garantizar independencia y rigor.

    ¿Se puede aplicar a todos los impuestos?

    Se aplica cuando hay una comprobación de valores que determine la base de la liquidación, como ocurre en sucesiones, donaciones o transmisiones. Cada impuesto tiene sus peculiaridades.

    Conclusión

    La tasación pericial contradictoria da al contribuyente una herramienta técnica y relativamente ágil para discutir el valor que la Administración le atribuye. Funciona mejor cuando se prepara con antelación y se apoya en un informe riguroso. Si desea asesoramiento sobre cómo plantear la defensa, puede acudir a la defensa fiscal con LRB. Y si el origen de la discusión es una herencia con elementos internacionales, resulta útil la guía sobre las herencias internacionales y su fiscalidad en España. Para casos con debate técnico profundo, la metodología de ValiTax explica cómo se documentan estas valoraciones.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Abrir empresa en España desde Chile: constitución y régimen fiscal

    Abrir empresa en España desde Chile: constitución y régimen fiscal

    Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor tradición de inversión en España, favorecido por el Convenio para evitar la doble imposición vigente entre ambos países y por la estabilidad jurídica del mercado español como puerta de entrada a la Unión Europea. Si eres empresario, socio de una empresa chilena o inversor particular y estás valorando implantar una empresa en España, este artículo resume el proceso de constitución, la fiscalidad aplicable y los aspectos migratorios que debes tener en cuenta.

    Por qué Chile es un origen habitual de inversión en España

    Las empresas chilenas que se expanden a Europa suelen elegir España por la ausencia de barrera idiomática, la similitud del marco jurídico-mercantil (herencia del derecho continental) y la existencia de un convenio de doble imposición que reduce sensiblemente la tributación de dividendos, intereses y cánones entre ambos Estados. Además, España actúa como plataforma para operar en el resto de la Unión Europea sin necesidad de constituir sociedades adicionales en cada país de destino.

    Opciones societarias: SL, sucursal o filial

    El primer paso es decidir la estructura jurídica adecuada:

    • Sociedad Limitada (SL): la forma más habitual para pymes; capital social mínimo de 1 euro (con determinadas cautelas hasta alcanzar 3.000 euros), responsabilidad limitada al capital aportado y gestión ágil.
    • Sucursal: extensión de la matriz chilena sin personalidad jurídica propia; útil cuando se quiere mantener unidad de gestión con la casa central, aunque la responsabilidad no queda limitada.
    • Filial (sociedad participada): constituida como sociedad española independiente, con capital aportado por la matriz chilena; es la opción que ofrece mayor autonomía patrimonial y facilita la futura entrada de otros inversores.

    Para valorar qué estructura conviene a tu proyecto, es recomendable analizar tanto el volumen de operaciones previsto como la política de repatriación de beneficios y la exposición a responsabilidad, apoyándote en asesoramiento especializado sobre sucursal o filial.

    Pasos para constituir la sociedad

    1. Obtención del NIE del socio o socios chilenos (persona física) o del número de identificación fiscal de la sociedad matriz (persona jurídica).
    2. Certificación negativa de denominación social en el Registro Mercantil Central.
    3. Apertura de cuenta bancaria española y depósito del capital social (o justificación alternativa admitida por la normativa vigente).
    4. Otorgamiento de escritura pública de constitución ante notario español, con apostilla de La Haya de la documentación chilena aportada (poderes, certificados de la sociedad matriz) y traducción jurada al castellano.
    5. Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social.
    6. Alta censal en Hacienda (modelo 036) y obtención del NIF definitivo de la sociedad.
    7. Alta en el régimen de la Seguridad Social si se van a contratar trabajadores o si el administrador desarrolla actividad en España.

    El plazo orientativo, contando con toda la documentación chilena correctamente apostillada y traducida, suele oscilar entre tres y seis semanas.

    Fiscalidad de la sociedad española

    Una sociedad española tributa por el Impuesto sobre Sociedades al tipo general (consulta los importes actualizados, ya que existen tipos reducidos para entidades de nueva creación durante los primeros ejercicios con base imponible positiva). Además de este impuesto, deberá cumplir con:

    • IVA repercutido y soportado en sus operaciones, con obligación de presentar autoliquidaciones periódicas.
    • Retenciones e ingresos a cuenta sobre nóminas, alquileres y determinados pagos a profesionales.
    • Obligaciones de precios de transferencia si existen operaciones vinculadas con la matriz chilena, documentando que se realizan en condiciones de mercado.

    El convenio de doble imposición España-Chile

    El convenio bilateral limita los tipos de retención aplicables a dividendos, intereses y cánones pagados desde España hacia Chile (y viceversa), evitando que la misma renta tribute íntegramente en ambos países. Para beneficiarte de estos tipos reducidos es imprescindible aportar el certificado de residencia fiscal chileno emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el momento del pago o cobro correspondiente.

    Visado y residencia para el inversor o administrador

    Si como socio chileno vas a residir en España para dirigir el negocio, existen varias vías migratorias según tu perfil: la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia (si actúas como autónomo o administrador con funciones ejecutivas), o el traslado intraempresarial si ya trabajas para el grupo en Chile. Conviene planificar con antelación este aspecto junto con la constitución societaria, ya que la resolución de traslado intraempresarial exige acreditar una relación previa con el grupo de al menos varios meses.

    Cuenta bancaria, cumplimiento normativo y blanqueo de capitales

    La apertura de la cuenta bancaria corporativa suele ser el trámite que más se dilata en el tiempo, ya que las entidades españolas aplican políticas estrictas de prevención de blanqueo de capitales (KYC). Debes anticipar la solicitud de documentación sobre el origen de fondos, la estructura de titularidad real de la sociedad chilena y, en algunos casos, referencias bancarias previas. Planificar este trámite con margen evita retrasos en la inscripción registral.

    Cuando surge una discrepancia con Hacienda

    En operaciones internacionales con matriz en Chile, no es infrecuente que la Agencia Tributaria cuestione la valoración de operaciones vinculadas o la aplicación de los tipos reducidos del convenio. En estos escenarios, contar con un informe pericial tributario independiente refuerza la posición del contribuyente frente a una comprobación o inspección, aportando un análisis técnico y objetivo de las magnitudes discutidas.

    Preguntas frecuentes

    ¿Necesito estar en España para constituir la sociedad?

    No es obligatorio. Es posible constituir la sociedad mediante poder notarial otorgado en Chile (apostillado) a favor de un representante en España, aunque la apertura de la cuenta bancaria y algunos trámites pueden requerir presencia física o videoidentificación según la entidad.

    ¿Qué capital mínimo necesito para una SL?

    El capital social mínimo legal es reducido, aunque conviene dotar a la sociedad de un capital razonable en función de su actividad prevista y de las exigencias del banco para la apertura de cuenta.

    ¿Cómo repatrío beneficios a la matriz chilena?

    Mediante reparto de dividendos, aplicando el tipo de retención reducido del convenio de doble imposición previa acreditación de la residencia fiscal chilena, o mediante otras fórmulas como préstamos intragrupo o pago de servicios, siempre correctamente documentadas.

    En LRB Tax & Legal acompañamos a inversores y empresas chilenas en todo el proceso de implantación en España, desde la elección de la estructura societaria hasta la planificación fiscal y migratoria del equipo directivo. Si estás valorando dar el paso, contacta con nuestro equipo y te ayudamos a diseñar la estrategia más eficiente para tu proyecto, contando también con el respaldo de estructuras de holding cuando el proyecto lo requiera.

  • Perito de parte o perito designado por el juzgado: diferencias y cuál conviene en tu caso

    Perito de parte o perito designado por el juzgado: diferencias y cuál conviene en tu caso

    El perito de parte es el profesional que elige y contrata el propio interesado para elaborar un dictamen que aporta con su demanda o su escrito, mientras que el perito designado judicialmente es nombrado por el tribunal, a petición de una de las partes o de todas, con garantías de imparcialidad reforzadas. Ambos están sujetos al deber de objetividad que impone la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pero difieren en el momento de intervención, el procedimiento de elección y el peso que suele darles el juzgador. Para un extranjero que litiga en España y debe decidir cuál le conviene, conocer la figura del perito en la prueba pericial judicial es el primer paso.

    El perito de parte: qué es y cómo actúa

    La LEC permite a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos que ellas mismas designan, junto con la demanda o la contestación (art. 336 LEC). Si por circunstancias justificadas no se puede aportar entonces, debe anunciarse y presentarse con posterioridad (art. 337 LEC). El perito de parte analiza el caso, emite su informe pericial y, si el tribunal lo admite, acude al juicio o a la vista para ratificarlo y responder a las preguntas de las partes y del juez (art. 347 LEC). Debe declarar, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración lo que pueda favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes (art. 335.2 LEC).

    Su principal ventaja es la flexibilidad: la parte controla el calendario, puede encargar el informe antes de decidir si litiga y puede preparar la estrategia con el perito desde el inicio. Su principal desventaja es la percepción: el juez sabe que fue elegido y retribuido por una parte, y examina con más cautela sus conclusiones.

    El perito designado judicialmente

    La LEC regula también la posibilidad de que el tribunal designe peritos. Cualquiera de las partes puede solicitar que el dictamen sea elaborado por un perito nombrado por el tribunal (art. 339 LEC), y la designación se hace, en general, mediante sorteo entre los profesionales de las listas elaboradas a partir de los colegios profesionales y entidades análogas (art. 341 LEC). En los casos de asistencia jurídica gratuita, la designación sigue reglas específicas. El perito judicial acepta el cargo, presta promesa o juramento y emite su informe respondiendo a las cuestiones que el tribunal o las partes plantean.

    Su ventaja es la imparcialidad aparente: no ha sido elegido por ninguna de las partes y su dictamen suele tener mayor peso persuasivo. Su desventaja es la pérdida de control: la parte no decide quién es el perito ni cuándo emite el informe, y el resultado puede no coincidir con su tesis.

    Cuadro comparativo

    Aspecto Perito de parte Perito designado judicialmente
    Quién lo elige La parte que lo contrata El tribunal, normalmente por sorteo
    Momento Antes o junto a la demanda o contestación Tras la solicitud y admisión por el tribunal
    Control de la parte Alto Bajo
    Percepción de imparcialidad Menor, aunque debe ser objetivo Mayor
    Tacha Posible por causas legales Posible por causas legales
    Coste Lo asume la parte Régimen de provisión de fondos y costas del proceso

    Las partes pueden, además, solicitar que los peritos designados por el tribunal aclaren o complementen su informe, y pedir la intervención de peritos de parte en el acto de ratificación para contrastar criterios.

    Cuándo conviene cada uno

    • Perito de parte: cuando se quiere preparar el caso con antelación, cuando la materia es muy técnica y exige conocer la estrategia, o cuando la cuestión se resolverá en vía administrativa antes de llegar a juicio.
    • Perito judicial: cuando interesa un dictamen con mayor apariencia de neutralidad, cuando la contraparte ha aportado un informe muy sólido y se quiere un contrapeso, o cuando la ley o el tribunal lo exigen.
    • Ambos: es frecuente que cada parte aporte su perito y que el tribunal designe uno adicional si la discrepancia es muy relevante o técnica.

    La tacha y la crítica del dictamen

    La LEC permite tachar a los peritos designados por el tribunal cuando concurre alguna circunstancia que afecta a su imparcialidad, como un interés directo o indirecto en el asunto (arts. 124 y siguientes). Respecto de los peritos de parte, la contraparte puede cuestionar su credibilidad en el interrogatorio y en las conclusiones. En cualquier caso, la valoración final del dictamen se realiza conforme a las reglas de la sana crítica (art. 348 LEC): el tribunal no está vinculado por la conclusión del perito, sea de parte o designado.

    Ejemplo hipotético

    Imaginemos, a título ilustrativo, un conflicto entre dos socios, uno de ellos extranjero, sobre el valor de unas participaciones. El socio extranjero encarga un informe a un perito de parte antes de demandar, lo que le permite negociar con información. Ya iniciado el pleito, la contraparte aporta un informe con un valor muy distinto. El socio solicita entonces la designación de un perito por el tribunal, que emite un tercer informe y lo ratifica en la vista, donde los peritos de parte pueden señalar sus discrepancias. El juez, valorando los tres, adopta un valor intermedio. El caso es inventado y no refleja ninguna situación real.

    Errores frecuentes

    • Esperar al juicio para buscar un perito, cuando el momento de aportarlo es la demanda o la contestación.
    • Elegir al perito por precio y no por experiencia en la materia.
    • Entender que el perito de parte debe «defender» a quien le paga, cuando la ley le exige objetividad.
    • No preparar la ratificación, que suele ser tan relevante como el informe.
    • No analizar los posibles conflictos de interés del perito designado.

    La ratificación en juicio: la hora de la verdad

    Con independencia de que el perito sea de parte o designado, su informe cobra vida en la ratificación. El perito comparece, se identifica, reitera la promesa de objetividad y responde a las preguntas. Se espera de él claridad, capacidad de síntesis y una actitud serena ante las preguntas incómodas. El perito de parte que defiende su informe con datos y reconoce sus límites suele ser más creíble que el que sostiene cada afirmación como inatacable. El perito judicial, por su parte, debe mantener su neutralidad incluso cuando una de las partes lo presione para precisar o modificar sus conclusiones.

    Las partes pueden solicitar al tribunal que los peritos presenten sus informes con antelación a la vista, o que se interrogue a todos ellos en un mismo acto, para facilitar el contraste. La práctica varía según el órgano, pero cada vez es más frecuente que se busque la discusión técnica directa entre peritos, lo que exige que cada informe esté bien fundado y que quien lo firma conozca a fondo sus cálculos.

    Cómo elegir a un buen perito, sea cual sea su figura

    • Cualificación acreditada en la materia concreta del litigio, no solo formación genérica.
    • Experiencia contrastable en procedimientos y en ratificaciones ante tribunales.
    • Independencia: ausencia de vínculos con las partes o con el objeto del litigio.
    • Método transparente: disposición a explicar cómo trabaja, qué documentación necesita y qué límites tiene su informe.
    • Honestidad profesional: capacidad de decir que un caso no es viable o que las conclusiones no apoyan la tesis del cliente.

    Cuando el cliente es extranjero, a estas cualidades se suma la capacidad de comunicar con claridad, en el idioma que sea preciso, para que pueda entender el alcance del informe y decidir con conocimiento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo cambiar de perito si no me gusta su conclusión?

    El perito de parte emite el informe que su análisis le lleva a emitir. Si no se aporta, no tiene efectos procesales, pero buscar un perito hasta obtener la conclusión deseada resta credibilidad.

    ¿Quién paga al perito judicial?

    Depende de la modalidad. En general, la parte que lo solicita debe asumir la provisión de fondos, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal sobre costas.

    ¿Puede el tribunal ignorar el dictamen?

    Debe valorarlo según la sana crítica y, si se aparta de sus conclusiones, motivar la decisión.

    ¿Se aplica lo mismo en la vía económico-administrativa?

    No exactamente. Allí la prueba pericial es esencialmente de parte; la designación judicial pertenece al proceso contencioso o civil.

    Conclusión

    La elección entre perito de parte y perito designado judicialmente no es una cuestión de calidad, sino de estrategia, calendario y control. Lo decisivo es que quien emita el dictamen tenga la cualificación adecuada, actúe con objetividad y sepa defender su informe. Para decidir el enfoque en su caso, puede apoyarse en la defensa fiscal con LRB. Si su litigio nace de una resolución de Extranjería, le será útil consultar cómo recurrir la denegación de un visado o permiso de residencia. Y si necesita apoyo documental en sus escritos, los informes jurídico-empresariales pueden complementar la pericial.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Abrir empresa en España desde Perú: fiscalidad y trámites societarios

    Abrir empresa en España desde Perú: fiscalidad y trámites societarios

    Perú es uno de los mercados de origen con mayor crecimiento sostenido en proyectos de inversión hacia España, impulsado por empresarios exportadores, profesionales del sector tecnológico y grupos familiares que buscan diversificar su actividad hacia Europa. Abrir empresa en España desde Perú es un proceso perfectamente accesible si se conocen bien los pasos societarios y fiscales que hay que seguir.

    En esta guía repasamos todo el proceso, desde la elección de la vía migratoria hasta la fiscalidad aplicable a la nueva sociedad y a sus socios peruanos.

    Vía migratoria: ¿necesitas residir en España?

    Si el socio peruano quiere trasladarse a España para gestionar personalmente el negocio, deberá tramitar una autorización de residencia adecuada. Las más habituales son el visado de emprendedor, para proyectos innovadores con informe favorable de ENISA, y el permiso de residencia por cuenta propia, orientado a actividades empresariales y profesionales más tradicionales. Si el inversor peruano permanece en su país y solo participa en el capital de la sociedad, no necesitará autorización de residencia, aunque sí un NIE de no residente para poder actuar como socio y, en su caso, como administrador a distancia.

    Trámites para constituir la sociedad española

    El proceso de constitución de sociedad en España desde Perú sigue estos pasos:

    • Reserva de la denominación social ante el Registro Mercantil Central.
    • Obtención del NIE de socios y administradores no residentes.
    • Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad en formación y depósito del capital social mínimo.
    • Otorgamiento de escritura pública ante notario, presencialmente o mediante poder notarial apostillado desde Perú.
    • Inscripción en el Registro Mercantil y obtención del NIF definitivo de la sociedad.
    • Alta censal en la Agencia Tributaria antes de comenzar la actividad económica.

    Fiscalidad de la sociedad española

    La sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios obtenidos en España, pudiendo aplicar el tipo reducido previsto para entidades de nueva creación en sus primeros ejercicios con base imponible positiva. A esto se añaden las obligaciones periódicas de IVA, retenciones a trabajadores y proveedores, y el cumplimiento de las obligaciones contables y de depósito de cuentas anuales propias de cualquier sociedad española, cuestiones que conviene planificar desde el inicio con un especialista en fiscalidad de empresas.

    Fiscalidad del socio peruano no residente

    España y Perú cuentan con un convenio para evitar la doble imposición que regula la tributación de dividendos, intereses y cánones entre ambos países. Cuando el socio peruano mantiene su residencia fiscal en Perú, los dividendos que reciba de la sociedad española tributarán conforme al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aplicando el tipo reducido de retención que fije el convenio bilateral en lugar del tipo general que se aplicaría en ausencia de convenio.

    Planificación de la repatriación de beneficios

    Un aspecto que conviene analizar desde el inicio del proyecto es cómo se repatriarán los beneficios generados por la sociedad española hacia el socio o la matriz peruana, valorando si conviene distribuir dividendos periódicamente o reinvertir los resultados en la expansión del negocio, en función de la estrategia fiscal global del grupo.

    Apertura de cuenta bancaria y control del origen de fondos

    Como en el resto de países latinoamericanos, la banca española exige a los socios peruanos acreditar documentalmente el origen de los fondos aportados conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Preparar con antelación esta documentación —justificantes de ingresos, actividad económica previa, referencias bancarias— agiliza considerablemente la apertura de la cuenta corporativa y evita retrasos en el arranque de la actividad.

    Errores frecuentes de los inversores peruanos

    Entre los errores más habituales que observamos en proyectos procedentes de Perú se encuentran:

    1. Comenzar a operar comercialmente antes de disponer del NIF definitivo de la sociedad.
    2. No sincronizar el calendario del visado de emprendedor con el proceso de constitución societaria.
    3. Subestimar los plazos bancarios para la apertura de cuenta y el depósito del capital social.
    4. No planificar con antelación la fiscalidad de los dividendos que se repartirán al socio en Perú.

    Contar con un despacho de asesoramiento jurídico y tributario para empresas con experiencia en clientes latinoamericanos permite coordinar en paralelo los trámites migratorios, mercantiles y fiscales, evitando demoras innecesarias.

    Estructuras de holding para proyectos de expansión regional

    Si el proyecto peruano contempla en el futuro expandirse hacia otros mercados europeos, puede resultar interesante valorar desde el inicio una estructura de holding ETVE que optimice la fiscalidad del grupo en su conjunto. Ante cualquier discrepancia con la Administración sobre la correcta aplicación del convenio de doble imposición o la valoración de operaciones vinculadas, un informe pericial tributario independiente aporta el respaldo técnico necesario para defender la posición de la empresa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo constituir la sociedad sin viajar a España?

    Sí, es posible mediante poder notarial apostillado otorgado en Perú para la mayor parte del proceso, aunque conviene prever con antelación los trámites bancarios.

    ¿Qué tipo de retención se aplica a los dividendos que recibe el socio peruano?

    Se aplica el tipo reducido que establece el convenio de doble imposición entre España y Perú, inferior al tipo general del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

    ¿Es obligatorio tener un administrador residente en España?

    No es un requisito legal, aunque contar con un apoderado o administrador con presencia en España facilita notablemente la gestión bancaria, fiscal y laboral cotidiana de la sociedad.

    Si estás valorando abrir tu empresa en España desde Perú, contacta con nuestro equipo y te acompañamos en todo el proceso, desde la elección de la vía migratoria hasta la constitución y planificación fiscal de tu sociedad.

  • Valoración de la empresa familiar en sucesiones y donaciones: reducciones y prueba del valor

    Valoración de la empresa familiar en sucesiones y donaciones: reducciones y prueba del valor

    La valoración de la empresa familiar en una herencia o una donación determina la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y condiciona el acceso a las reducciones por transmisión de empresa familiar, de modo que un valor mal fundamentado puede encarecer la sucesión o provocar una comprobación de valores. El valor que se declara debe ser el valor real de los bienes y derechos adquiridos, y cuando el patrimonio incluye participaciones de una sociedad no cotizada, un informe pericial tributario ayuda a sostener la cifra declarada y a rebatir la que proponga la Administración. Esto afecta tanto a familias residentes como a herederos o donatarios que viven fuera de España.

    Qué se valora y con qué criterio

    La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) toma como base imponible el valor neto de la adquisición, es decir, el valor real de los bienes y derechos menos las cargas y deudas deducibles (art. 9 LISD). Para las participaciones en sociedades no cotizadas, no existe un precio de mercado de referencia, por lo que el valor se obtiene por técnicas de valoración de empresas. La Administración puede comprobar el valor declarado mediante los medios del art. 57 de la Ley General Tributaria (LGT), y el contribuyente puede contraponer su propia valoración con un dictamen pericial.

    En una empresa familiar, la valoración suele enfrentarse a rasgos propios: dependencia del fundador, retribuciones de los socios que no responden al mercado, activos no afectos a la actividad, inmuebles con valor distinto del contable o relaciones con otras sociedades del grupo familiar. Todos ellos exigen normalizar los resultados y separar el negocio operativo del patrimonio ocioso.

    La reducción por empresa familiar: dónde entra la valoración

    La normativa estatal prevé, en adquisiciones por causa de muerte, una reducción del 95 % del valor de la empresa individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades que reúnan los requisitos del art. 20.2.c LISD, y un régimen equivalente para las donaciones en el art. 20.6 LISD. Los requisitos se refieren, entre otros aspectos, a que la actividad no consista en la mera gestión de patrimonio, a un porcentaje mínimo de participación del adquirente o de su grupo familiar, al ejercicio efectivo de funciones de dirección y a que se mantenga la adquisición durante un plazo determinado. Las comunidades autónomas pueden establecer mejoras o regímenes propios, por lo que conviene consultar la normativa autonómica aplicable.

    La valoración interviene de dos modos. Primero, fija el valor sobre el que se calcula la reducción, de modo que cada euro de valor se multiplica por el porcentaje reducido. Segundo, ayuda a determinar qué parte del patrimonio de la sociedad corresponde a la actividad empresarial y cuál son activos ajenos a ella, ya que la reducción afecta, en general, a lo que se relaciona con la actividad. Una delimitación incorrecta puede dejar sin reducción parte del valor.

    Normalizaciones habituales en una empresa familiar

    • Retribuciones de los socios-administradores: ajustar a niveles de mercado para no distorsionar el beneficio.
    • Gastos personales o ajenos a la actividad: eliminar su impacto en la cuenta de resultados.
    • Inmuebles: distinguir los afectos al negocio de los que son inversión y valorarlos a mercado.
    • Deudas con socios y familiares: tratarlas como deuda o como patrimonio según su naturaleza real.
    • Dependencia de personas clave: reflejar el riesgo de continuidad en la tasa de descuento o en un descuento específico.

    Descuentos y primas: el terreno de la discusión

    Las participaciones minoritarias, sin liquidez y sin control, suelen valer menos, en términos proporcionales, que la empresa en su conjunto. La aplicación de descuentos por falta de control o por falta de liquidez es una de las cuestiones más debatidas con la Administración, que tiende a valorar por el patrimonio neto o por métodos más favorables a su recaudación. Un informe pericial que justifique con datos y criterios técnicos los descuentos aplicados tiene más posibilidades de ser aceptado que uno que los invoque sin respaldo. En herencias, además, las participaciones suelen repartirse entre varios herederos, lo que influye en el grado de control de cada uno.

    Ejemplo hipotético

    Pensemos, a efectos ilustrativos, en una sociedad familiar de distribución dirigida por el fundador, que fallece y deja las participaciones a sus dos hijos, uno residente en España y otro en el extranjero. El balance muestra un patrimonio neto contable elevado por un inmueble antiguo, pero los resultados son modestos y el fundador cobraba una retribución muy por debajo de la de un directivo equivalente. Un informe que sustituya la retribución por una de mercado, valore el inmueble por tasación y aplique el método de flujos descontados con una prima de riesgo por dependencia del fundador produce un valor inferior al contable. La Administración propone el valor teórico contable. La discusión se centra en las normalizaciones y en el tratamiento del inmueble, y el dictamen aporta la base objetiva. Todo ello es inventado y solo ilustra el razonamiento.

    Cómo documentar la valoración

    1. Fijar con exactitud la fecha de valoración: fallecimiento en las sucesiones, fecha de la escritura en las donaciones.
    2. Reunir cuentas anuales de varios ejercicios, impuestos y contratos relevantes.
    3. Delimitar la actividad empresarial y los activos no afectos.
    4. Elegir el método y justificarlo por escrito.
    5. Calcular sensibilidades para mostrar el rango razonable de valor.
    6. Conservar toda la documentación por si hay comprobación.

    La comprobación de valores y cómo responder

    Si la Administración tributaria considera que el valor declarado es inferior al real, puede iniciar un procedimiento de comprobación de valores utilizando alguno de los medios del art. 57 LGT, como los precios medios de mercado, la capitalización de rendimientos, el dictamen de peritos de la Administración u otros. El resultado se notifica con la motivación de los criterios empleados, y el contribuyente puede impugnarlo. En el caso de participaciones no cotizadas, la motivación debe explicar cómo se ha llegado a la cifra, y no basta con una referencia genérica al valor teórico contable. Cuando la comprobación es insuficiente o arbitraria, la liquidación puede anularse por falta de motivación.

    Frente a una propuesta de valoración, el contribuyente puede alegar, aportar su propio informe y, cuando sea procedente, solicitar la tasación pericial contradictoria para que un perito propio contraste la valoración administrativa. Preparar esta respuesta con antelación, y no cuando ya vence el plazo, es una de las ventajas de haber documentado la valoración desde el momento de la herencia o la donación.

    Coordinación entre los herederos y con la sociedad

    En las sucesiones suele haber varios herederos con intereses distintos: quien continúa en el negocio quiere un valor bajo para reducir la carga fiscal y facilitar el pago a los demás; quien se aparta quiere un valor justo para su cuota. Cuando residen en países diferentes, además, cada uno tendrá un tratamiento fiscal distinto. Un informe pericial común, encargado por todos o aceptado por todos, reduce los conflictos y sirve de base tanto para la declaración del impuesto como para el reparto de la herencia. Si hay desacuerdo, cada parte puede encargar su propio informe, pero el resultado será una discusión más costosa y lenta.

    La sociedad también debe colaborar: proporcionar sus cuentas, documentos y explicaciones, y designar a una persona de contacto. Las empresas familiares suelen carecer de una función financiera robusta, y la preparación de la información puede ser laboriosa. Por eso es conveniente iniciar el trabajo con margen suficiente respecto del plazo de presentación, que en las sucesiones es de seis meses desde el fallecimiento, prorrogable en los términos previstos por la norma.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede valorar una empresa familiar por su valor contable?

    Es una opción, pero no siempre refleja el valor real. Si el valor de mercado difiere, conviene respaldar la cifra declarada con un informe que explique las diferencias.

    ¿Qué pasa si la Administración comprueba el valor?

    Puede notificar una propuesta de valoración. El contribuyente puede recurrir y, cuando la norma lo permita, solicitar la tasación pericial contradictoria con un perito propio.

    ¿Afecta la residencia de los herederos?

    Sí, en cuanto al régimen aplicable, a las reducciones disponibles y a la comunidad autónoma competente. Debe analizarse caso por caso.

    ¿La reducción exige mantener la empresa?

    En general, la normativa exige mantener la adquisición y los requisitos durante un plazo determinado tras la transmisión; su incumplimiento puede conllevar la pérdida de la reducción.

    Conclusión

    Valorar bien la empresa familiar en una sucesión o donación protege el acceso a las reducciones y reduce el riesgo de discusión con la Administración. Un informe técnico, con normalizaciones justificadas y método claro, es la mejor prueba del valor declarado. Para planificar la transmisión, puede contar con la asesoría legal y fiscal de LRB. Si los herederos residen fuera, conviene repasar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para no residentes. Y para fundamentar el valor ante la Administración, la documentación técnica que respalda decisiones directivas ofrece un marco útil.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Abrir empresa en España desde Venezuela: requisitos migratorios y mercantiles

    Abrir empresa en España desde Venezuela: requisitos migratorios y mercantiles

    España es, junto con Estados Unidos, el destino preferido por la importante comunidad empresarial venezolana que en los últimos años ha buscado nuevas oportunidades fuera de su país. La existencia de vías migratorias específicas y de acuerdos bilaterales favorables hace de España un destino especialmente atractivo para abrir empresa desde Venezuela.

    En este artículo repasamos los requisitos migratorios y mercantiles que debe conocer cualquier empresario venezolano antes de emprender el proceso.

    Situación migratoria: opciones para el inversor venezolano

    Los ciudadanos venezolanos que quieran residir en España para dirigir su propio negocio disponen de varias vías. La más utilizada por perfiles empresariales es el visado de emprendedor, dirigido a proyectos con un componente innovador y de interés económico para España, que requiere informe favorable de ENISA. También es habitual el permiso de residencia por cuenta propia para actividades comerciales o profesionales convencionales. Muchos venezolanos que ya cuentan con vínculos familiares en España optan además por combinar su proyecto empresarial con una vía de arraigo si llevan tiempo residiendo en el país en otra situación administrativa.

    Constitución de la sociedad española

    El proceso de constitución de sociedad en España para un inversor venezolano no difiere en lo esencial del de otros países latinoamericanos, aunque conviene prestar especial atención a la documentación acreditativa, dada la situación de determinados registros públicos venezolanos. Los pasos habituales son:

    1. Obtención del certificado negativo de denominación social.
    2. Solicitud del NIE de socios y administradores.
    3. Apertura de cuenta bancaria y aportación del capital social.
    4. Escritura pública de constitución ante notario español.
    5. Inscripción en el Registro Mercantil y obtención del NIF definitivo.

    Particularidades de la banca española para socios venezolanos

    La apertura de cuenta bancaria y la prevención del blanqueo de capitales merece una mención especial en el caso de socios venezolanos, ya que algunas entidades financieras aplican protocolos reforzados de análisis del origen de fondos debido a la situación macroeconómica y cambiaria del país. Para agilizar el proceso, resulta clave preparar con antelación documentación robusta sobre el origen lícito del capital, historial laboral o empresarial, y, cuando sea posible, referencias bancarias internacionales adicionales.

    Fiscalidad de la sociedad y del socio no residente

    La sociedad constituida en España tributa por el Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios generados en territorio español, con posibilidad de aplicar el tipo reducido para entidades de nueva creación en sus primeros ejercicios. El socio venezolano, si mantiene su residencia fiscal fuera de España, tributará por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes por los dividendos y rendimientos que obtenga de la sociedad española.

    El convenio de doble imposición: una cuestión a verificar caso por caso

    A diferencia de otros países de la región, la aplicabilidad y el estado del convenio de doble imposición entre España y Venezuela puede presentar particularidades según el ejercicio fiscal, por lo que conviene siempre verificar la normativa vigente en el momento de planificar la operación, en lugar de asumir automáticamente los tipos de retención reducidos habituales en otros convenios bilaterales.

    Reagrupación familiar y traslado del núcleo familiar

    Muchos empresarios venezolanos que se instalan en España buscan trasladar también a su familia. En estos casos, conviene coordinar el proyecto empresarial con los trámites de reagrupación familiar, planificando los requisitos de ingresos y vivienda que exige la normativa de extranjería en paralelo a la puesta en marcha del negocio.

    Errores frecuentes a evitar

    Entre los errores más habituales que observamos en proyectos de inversores venezolanos destacan:

    • Iniciar los trámites bancarios sin preparar previamente el expediente de origen de fondos, lo que provoca retrasos de semanas.
    • No coordinar el calendario del visado de emprendedor con la constitución de la sociedad, dejando la empresa «en el aire» durante meses.
    • Desconocer los requisitos específicos de acreditación de solvencia y medios económicos que exige el visado de emprendedor.
    • No planificar la fiscalidad de los ingresos que aún se perciban de actividades en Venezuela una vez adquirida la residencia fiscal española.

    Contar con asesoramiento jurídico y tributario para empresas especializado en clientes venezolanos permite anticipar estas dificultades y coordinar de forma integral los trámites migratorios, mercantiles y fiscales.

    Cuándo recurrir a un informe pericial

    En procesos donde existan discrepancias sobre la valoración de activos aportados desde Venezuela a la sociedad española, o dudas sobre la correcta acreditación patrimonial ante la Administración, un informe pericial jurídico-empresarial aporta un respaldo técnico independiente que refuerza la posición del empresario.

    Preguntas frecuentes

    ¿Necesito estar en España para constituir la sociedad?

    Es posible otorgar poder notarial apostillado desde Venezuela para buena parte del proceso, aunque conviene planificar con antelación los trámites bancarios que puedan requerir presencia o verificación adicional.

    ¿Qué documentación pide la banca española sobre el origen de fondos?

    Habitualmente se solicita justificación de ingresos, actividad económica previa, y en ocasiones documentación notarial adicional sobre la procedencia del capital aportado.

    ¿Puedo combinar el proyecto empresarial con una solicitud de arraigo?

    Sí, si ya resides en España en otra situación administrativa, es posible valorar ambas vías en paralelo según tu caso concreto y el tiempo de residencia acreditado.

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  • Valoración de empresa en una compraventa y due diligence fiscal: qué revisar antes de firmar

    Valoración de empresa en una compraventa y due diligence fiscal: qué revisar antes de firmar

    La due diligence fiscal es la revisión de la situación tributaria de una empresa antes de comprarla o venderla, y está directamente ligada a la valoración: cada contingencia que aparece (una regularización probable, una deducción dudosa, una deuda sin provisionar) debería reflejarse en el precio o cubrirse con garantías contractuales. Si el comprador es un inversor extranjero que adquiere una sociedad española para desarrollar allí su actividad, entender esta conexión evita pagar de más y heredar pasivos ocultos. Un enfoque coordinado de due diligence y valoración permite negociar con datos y no con intuiciones.

    Por qué la valoración no puede ir separada de la revisión fiscal

    Una valoración por descuento de flujos o por múltiplos parte de que los beneficios futuros se mantendrán. Pero si el negocio ha venido deduciendo gastos que la Administración podría rechazar, aplicando tipos de IVA incorrectos o deduciendo pérdidas que no cumplen los requisitos, los flujos reales serán menores, o habrá que desembolsar cantidades por ejercicios pasados. La diligencia fiscal, junto con una valoración de la empresa y sus activos, convierte esos riesgos en cifras estimadas, y la valoración los incorpora como ajustes de precio, deuda asimilada o provisiones. Sin ese puente, el precio pagado puede no reflejar el valor real del negocio.

    Qué se revisa en una due diligence fiscal

    • Impuesto sobre Sociedades: bases imponibles negativas, deducciones aplicadas, operaciones vinculadas, tratamiento de gastos financieros y de provisiones.
    • IVA e impuestos indirectos: repercusión y deducción, régimen de prorrata, operaciones intracomunitarias.
    • Retenciones e ingresos a cuenta: nóminas, profesionales, no residentes.
    • Tributos locales y autonómicos: IBI, plusvalía municipal, impuestos sobre transmisiones cuando hay inmuebles.
    • Procedimientos abiertos: inspecciones en curso, requerimientos, recursos y avales prestados.
    • Seguridad Social y cotizaciones, cuando la compañía tiene plantilla relevante.

    El alcance se acota por materialidad y por el periodo no prescrito, que con carácter general en tributos es de cuatro años (art. 66 LGT), aunque se interrumpe y puede ampliarse según las circunstancias. Conviene recordar también que en la adquisición de una explotación o actividad económica pueden existir supuestos de responsabilidad por deudas tributarias del anterior titular (art. 42.1.c LGT), un riesgo que debe analizarse con cuidado cuando se compra un negocio y no solo participaciones.

    Cómo traducir una contingencia en precio

    No todas las contingencias merecen el mismo tratamiento. Una forma práctica de ordenarlas es clasificarlas en tres grupos:

    1. Contingencias probables y cuantificables: se descuentan del precio o se tratan como deuda neta.
    2. Contingencias posibles: se cubren con garantías, retenciones de parte del precio o seguros específicos.
    3. Contingencias remotas: se cubren con declaraciones y garantías generales, sin ajuste de precio.

    El informe de valoración debe indicar qué hipótesis fiscales asume y cuáles de las contingencias ha considerado. Si el comprador no revisa este aspecto, puede sobrevalorar el negocio; si el vendedor no lo hace, puede encontrarse con una renegociación a la baja de última hora.

    Cláusulas contractuales vinculadas

    Declaraciones y garantías

    El vendedor manifiesta que ha presentado en plazo todas las declaraciones y pagado los tributos devengados. Su incumplimiento da derecho a indemnización, con topes y plazos pactados.

    Indemnización específica

    Para contingencias identificadas en la diligencia, se pacta una indemnización específica, independiente de los límites generales, que cubre su coste real si se materializa.

    Retención o escrow

    Una parte del precio queda retenida durante un periodo, normalmente ligado a la prescripción o a la resolución de los procedimientos abiertos.

    Mecanismos de ajuste de precio

    Los ajustes por deuda neta y capital circulante deben incluir cómo se tratan los pasivos fiscales contingentes, para evitar discusiones en el cierre.

    Ejemplo hipotético

    Imaginemos, solo como ilustración, a un inversor extranjero que negocia la compra de una sociedad de servicios con un precio inicial basado en un múltiplo del EBITDA. La due diligence detecta que la empresa ha venido deduciendo ciertos gastos de representación con documentación insuficiente y que pagó a una empresa vinculada un precio superior al de mercado. Se estima una posible regularización en torno a un importe moderado, que el comprador propone descontar. El vendedor la considera improbable. Se alcanza un acuerdo intermedio: reducción menor del precio y retención de una parte hasta el cierre de la prescripción. La valoración se mantiene, pero la contingencia queda cubierta. Todas las cifras son inventadas.

    Errores frecuentes

    • Iniciar la diligencia fiscal tarde, cuando el precio ya está prácticamente cerrado.
    • Limitar el alcance al Impuesto sobre Sociedades y olvidar IVA, retenciones y tributos locales.
    • Confiar en el cumplimiento formal sin analizar la sustancia de las operaciones.
    • No valorar la responsabilidad por sucesión en la actividad.
    • No documentar los criterios con los que se estimó la probabilidad de cada contingencia.

    Estructura de la operación: acciones frente a activos

    La forma de la compraventa condiciona el alcance de la diligencia fiscal. Si se compran participaciones, el comprador adquiere la sociedad con toda su historia fiscal, incluidos los ejercicios abiertos a inspección. Si se compran activos o una unidad productiva, el comprador evita en principio las contingencias de la sociedad, pero asume las derivadas de la sucesión en la actividad, tiene que tributar por la transmisión de los activos y pierde, en su caso, bases imponibles negativas y otros atributos fiscales. La elección entre una y otra modalidad no es solo jurídica: modifica el valor que el comprador está dispuesto a pagar y el que el vendedor aspira a recibir. Por eso la valoración debe hacerse con el esquema definitivo en mente, o al menos comparando ambos esquemas.

    Papel del perito en la negociación

    El perito independiente aporta a la negociación un lenguaje común. Cuando comprador y vendedor discuten sobre un múltiplo o sobre el alcance de una contingencia, un informe fundamentado reduce el margen de disputa y permite concentrar la negociación en los puntos realmente discutibles. Además, el informe puede utilizarse como anexo del contrato para definir cómo se calculará el ajuste de precio, qué hipótesis se consideran aceptadas por ambas partes y cómo se resolverán las discrepancias posteriores. Algunas operaciones prevén expresamente que, si surge desacuerdo en el cierre, un experto independiente decida como árbitro de equidad sobre las cuentas de cierre, lo que exige redactar con precisión el procedimiento.

    Para los inversores extranjeros, esta función de puente es especialmente útil. Entender el vocabulario fiscal español, los plazos de prescripción, la lógica de los procedimientos de comprobación y los riesgos propios de cada tipo de operación exige un acompañamiento que combine conocimiento técnico y experiencia procesal. El perito aporta ese conocimiento desde una posición de independencia y puede explicar con claridad los riesgos al comité de inversión o a los socios que deban decidir.

    Después del cierre: conservación de la prueba

    Una vez cerrada la operación, la diligencia fiscal sigue siendo útil. Si la Administración abre un procedimiento sobre ejercicios anteriores y el comprador reclama al vendedor, el informe de diligencia y los papeles de trabajo serán la prueba de que el riesgo fue identificado y, en su caso, cubierto. Conservar toda la documentación del proceso, las versiones del contrato y las comunicaciones relevantes es parte de una buena gestión posterior a la operación, y puede resultar decisivo si se produce un litigio sobre la aplicación de las garantías.

    Preguntas frecuentes

    ¿Quién debe encargar la due diligence fiscal?

    Habitualmente el comprador. El vendedor puede encargar una due diligence de vendedor (vendor due diligence) para ordenar la información y anticipar las objeciones.

    ¿Cuánto tiempo suele llevar?

    Depende del tamaño y de la calidad de la información. Lo importante es que se haga antes del compromiso vinculante, para poder influir en el precio y en las garantías.

    ¿Se puede comprar solo con garantías contractuales?

    Es posible, pero las garantías tienen límites, plazos y riesgo de insolvencia del vendedor. Conviene complementarlas con análisis previo y, en su caso, con retenciones o seguros.

    ¿Qué relación tiene con las operaciones vinculadas?

    Es una de las áreas de mayor riesgo. Una revisión de precios con partes vinculadas permite anticipar ajustes de la Administración que afectarían al valor.

    Conclusión

    La valoración dice cuánto vale una empresa si todo es como parece; la due diligence fiscal comprueba si lo es. Integrar ambas desde el inicio de la negociación protege el precio y reduce los conflictos posteriores. Para planificar la operación, puede acudir a la asesoría legal y fiscal de LRB. Si la sociedad objetivo opera con empresas vinculadas del extranjero, resulta útil conocer la documentación obligatoria en precios de transferencia. Y para documentar contingencias de forma técnica, se puede solicitar una segunda opinión experta sobre las conclusiones de la diligencia.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado