Permiso de Trabajo

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  • IVA intracomunitario: cómo recuperar el IVA soportado por tu empresa en otros países de la UE

    El IVA intracomunitario que las empresas suelen dejar sin reclamar

    Cuando una empresa gestiona habitualmente desplazamientos de personal o contrataciones transfronterizas dentro de la Unión Europea, es frecuente que acumule, además de las gestiones de extranjería propias de esos desplazamientos, IVA soportado en el extranjero que nunca llega a reclamar. Cuando una empresa española empieza a operar de forma habitual con otros países de la Unión Europea —comprando servicios, participando en ferias, desplazando personal o contratando logística transfronteriza— es prácticamente inevitable que acumule IVA soportado en esos países que, salvo que se gestione activamente, queda sin recuperar. A este fenómeno se le suele llamar de forma genérica «IVA intracomunitario», aunque técnicamente conviene distinguirlo del régimen de operaciones intracomunitarias de bienes: aquí hablamos del IVA que la empresa paga como consumidor final de un gasto en otro Estado miembro, y que puede recuperar mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero previsto en la normativa comunitaria.

    La magnitud del problema suele sorprender a los propios departamentos financieros cuando se revisa por primera vez: basta con un volumen moderado de viajes de negocio o participación en eventos internacionales para acumular, en pocos ejercicios, cantidades significativas de IVA extranjero no reclamado.

    Cómo funciona el mecanismo de devolución según la Directiva 2008/9/CE

    La Directiva 2008/9/CE estableció un procedimiento armonizado para que las empresas establecidas en un Estado miembro de la UE puedan solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro sin tener que registrarse como sujeto pasivo en ese segundo país. La solicitud no se presenta directamente ante la Administración tributaria extranjera, sino ante la Administración del Estado miembro donde está establecida la empresa solicitante, que actúa como punto de entrada y remite electrónicamente la solicitud al Estado miembro de devolución. En España, este trámite se formaliza mediante el Modelo 360, presentado ante la AEAT.

    Una vez recibida la solicitud, el Estado miembro de devolución dispone de un plazo general de cuatro meses para resolver, que se amplía si solicita información adicional al contribuyente —algo bastante habitual cuando la documentación aportada es incompleta o no se ajusta a los requisitos formales de ese país—.

    Requisitos que suelen pasarse por alto

    Más allá del plazo de presentación, hay varios requisitos que generan rechazos frecuentes si no se revisan con cuidado: el importe mínimo de solicitud (que varía según se trate de una solicitud anual o de un periodo inferior al año); la necesidad de que las facturas cumplan los requisitos formales del país donde se soportó el IVA, que no siempre coinciden con los exigidos en España; la correcta codificación de cada gasto según los códigos armonizados de la UE para este procedimiento; y la justificación de que el gasto está vinculado a la actividad económica de la empresa solicitante.

    Un error habitual es asumir que, si una factura es válida en España a efectos de IVA, automáticamente lo será también para la Administración tributaria del país donde se soportó el gasto. No es así: cada Estado miembro mantiene cierto margen de interpretación sobre qué documentación acepta, y eso explica buena parte de los rechazos que se producen cuando el trámite se gestiona sin experiencia previa. Si la denegación llega a discutirse y hay que demostrar con criterio técnico la vinculación del gasto con la actividad económica, un informe pericial tributario puede reforzar el recurso.

    Sectores que acumulan más IVA intracomunitario sin reclamar

    Por la naturaleza de su actividad, hay sectores especialmente expuestos a acumular IVA intracomunitario no recuperado: empresas de transporte y logística, que operan de forma constante en varios países de la UE; compañías del sector turístico y hotelero, con proveedores y colaboradores en distintos Estados miembros; empresas tecnológicas y de servicios profesionales que desplazan equipos a clientes internacionales; y compañías industriales que participan habitualmente en ferias sectoriales europeas. En todos estos casos, el volumen de IVA extranjero recuperable suele ser proporcional a la intensidad de la actividad internacional de la empresa, lo que convierte la gestión sistemática de este procedimiento en una fuente de ahorro recurrente, no en un trámite puntual.

    Un asesoramiento fiscal para empresas con actividad internacional que incorpore de forma habitual la revisión de IVA intracomunitario dentro del cierre fiscal periódico de la empresa evita que estas cantidades se acumulen ejercicio tras ejercicio sin recuperarse.

    Cómo organizar internamente la recuperación de IVA intracomunitario

    La forma más eficaz de no perder este derecho de devolución es incorporar, dentro de los procesos administrativos de la empresa, un control sistemático de los gastos soportados en otros países de la UE: identificar en el momento de registrar cada factura si corresponde a un gasto susceptible de devolución, conservar los originales o copias digitales válidas, y revisar periódicamente (al menos una vez al año, antes del plazo límite del 30 de septiembre) el volumen acumulado susceptible de reclamación. Externalizar esta revisión en un despacho especializado permite, además, beneficiarse de su conocimiento actualizado sobre las particularidades de cada Estado miembro, que cambian con cierta frecuencia.

    Cuánto puede estar perdiendo su empresa sin un control sistemático

    Para hacerse una idea del impacto real, basta pensar en una empresa que envía a dos comerciales a ferias internacionales tres o cuatro veces al año, con gastos de hotel, restauración y transporte en cada desplazamiento: el IVA soportado en esos gastos, acumulado durante varios ejercicios sin reclamarse, puede alcanzar fácilmente varios miles de euros que terminan contabilizados como coste cuando en realidad eran recuperables mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero. La diferencia entre gestionar este trámite de forma sistemática o no hacerlo en absoluto puede suponer, en empresas con actividad internacional recurrente, una cantidad nada despreciable en la cuenta de resultados cada año, simplemente por recuperar un IVA que ya se pagó y al que la empresa tenía derecho desde el primer momento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es el IVA intracomunitario a efectos de devolución?

    Es el IVA que una empresa soporta como consumidor de un gasto en otro Estado miembro de la UE y que puede recuperar mediante el procedimiento armonizado de la Directiva 2008/9/CE, sin necesidad de registrarse como sujeto pasivo en ese país.

    ¿Cómo se presenta la solicitud desde España?

    Mediante el Modelo 360, presentado electrónicamente ante la AEAT, que actúa como intermediaria y remite la solicitud al Estado miembro donde se soportó el IVA.

    ¿Qué sectores suelen acumular más IVA intracomunitario sin reclamar?

    Transporte y logística, turismo y hostelería, servicios profesionales con desplazamientos internacionales, y empresas industriales que participan en ferias europeas.

    ¿Por qué se rechazan muchas solicitudes de devolución?

    Principalmente por facturas que no cumplen los requisitos formales del país de destino, codificación incorrecta de los gastos o falta de justificación de la vinculación del gasto con la actividad económica de la empresa.

  • Precios de transferencia: documentación obligatoria para operaciones vinculadas

    Precios de transferencia: documentación obligatoria para operaciones vinculadas

    Cuando una empresa española forma parte de un grupo multinacional y mantiene operaciones con entidades vinculadas —una matriz extranjera, una filial hermana, un socio significativo o sus administradores—, esas operaciones deben valorarse conforme al principio de plena competencia (arm’s length): al mismo precio y en las mismas condiciones que hubieran pactado partes independientes en el mercado. Esta exigencia, conocida como normativa de precios de transferencia, viene acompañada de obligaciones documentales concretas cuyo incumplimiento puede generar sanciones significativas, con independencia de que la valoración de las operaciones sea o no correcta.

    Qué se considera operación vinculada

    La Ley del Impuesto sobre Sociedades enumera de forma extensa los supuestos de vinculación: relaciones entre una entidad y sus socios con participación significativa, entre entidades del mismo grupo, entre una entidad y sus administradores o consejeros, y entre una entidad residente y su establecimiento permanente en el extranjero, entre otros. Cualquier operación entre estas partes —venta de bienes, prestación de servicios, cesión de uso de activos, préstamos intragrupo, licencias de propiedad intelectual— queda sujeta a la normativa de precios de transferencia.

    Los tres niveles de documentación

    Documentación del grupo (Master File)

    Exigible a grupos con un importe neto de cifra de negocios consolidada que supere el umbral establecido reglamentariamente, este documento debe describir la estructura organizativa del grupo, sus actividades, su política general de precios de transferencia, la localización de sus intangibles relevantes, su situación financiera consolidada y sus acuerdos de reparto de costes, entre otros aspectos.

    Documentación específica del contribuyente (Local File)

    Debe elaborarla la entidad española concreta, detallando su estructura de dirección, su actividad, las operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio (naturaleza, importe, método de valoración empleado y análisis de comparabilidad), y la información financiera relevante. El nivel de detalle exigido depende del volumen de operaciones y de si la empresa cumple los requisitos para acogerse al régimen simplificado, previsto para entidades de menor tamaño.

    Información país por país (Country-by-Country Report)

    Exigible únicamente a grandes grupos multinacionales que superan un umbral elevado de cifra de negocio consolidada, este informe desglosa por jurisdicción los ingresos, beneficios, impuestos pagados y devengados, capital, plantilla y activos tangibles del grupo, con el objetivo de que las administraciones tributarias puedan evaluar riesgos de erosión de bases imponibles a nivel global.

    Métodos de valoración admitidos

    La normativa admite varios métodos para determinar si el precio pactado entre partes vinculadas se ajusta al de mercado: el método del precio libre comparable, el del coste incrementado, el del precio de reventa, el margen neto operacional y el de distribución del resultado. La elección del método adecuado depende de la naturaleza de la operación, la disponibilidad de comparables fiables y el grado de complejidad de las funciones desempeñadas por cada parte.

    Consecuencias de no documentar correctamente

    El incumplimiento de las obligaciones de documentación conlleva sanciones específicas, independientes de que exista o no ajuste en la valoración de las operaciones. Además, si Hacienda determina en una comprobación que el valor pactado no corresponde al de mercado, puede practicar el correspondiente ajuste, con la consiguiente regularización tributaria, intereses de demora y, en su caso, sanción adicional por dejar de ingresar. Este riesgo es particularmente relevante en operaciones como precios de transferencia entre matriz extranjera y filial española, financiación intragrupo o cesión de intangibles.

    Préstamos intragrupo: un foco habitual de comprobación

    Los préstamos entre matriz extranjera y filial española son una de las operaciones vinculadas más revisadas por la AEAT, tanto en lo referente al tipo de interés pactado (que debe ajustarse al que hubiera fijado un prestamista independiente considerando el riesgo de crédito real de la filial) como a la propia calificación de la operación: en determinados supuestos, Hacienda puede recalificar como aportación de capital encubierta una financiación intragrupo desproporcionada respecto a los fondos propios de la entidad receptora, con las consiguientes implicaciones en materia de deducibilidad de intereses.

    Buenas prácticas para minimizar el riesgo

    • Elabora la documentación de precios de transferencia con carácter contemporáneo a la operación, no a posteriori tras un requerimiento.
    • Realiza un análisis de comparabilidad robusto, apoyado en bases de datos reconocidas, para justificar el método de valoración elegido.
    • Revisa anualmente la política de precios de transferencia del grupo para adaptarla a cambios operativos o normativos.
    • Valora la posibilidad de suscribir Acuerdos Previos de Valoración (APA) con la Administración para operaciones de especial relevancia o recurrencia, que aportan seguridad jurídica a medio plazo.

    El papel del informe pericial en una inspección de precios de transferencia

    Cuando la AEAT inicia una comprobación sobre operaciones vinculadas, la defensa técnica requiere habitualmente un análisis económico y financiero detallado que respalde el método de valoración utilizado y los comparables seleccionados. Un informe pericial tributario independiente puede aportar al procedimiento una valoración técnica rigurosa que refuerce la posición del contribuyente, especialmente en operaciones complejas como cesión de intangibles, reestructuraciones de funciones o financiación intragrupo.

    Preguntas frecuentes

    ¿Todas las empresas con operaciones vinculadas deben elaborar el Master File?

    No, solo los grupos cuya cifra de negocios consolidada supere el umbral establecido reglamentariamente; las entidades de menor tamaño pueden acogerse a un régimen simplificado de documentación.

    ¿Qué pasa si no documento las operaciones vinculadas aunque el precio pactado sea correcto?

    Puedes ser sancionado igualmente por incumplimiento de la obligación formal de documentación, con independencia de que no exista ajuste en la valoración de la operación.

    ¿Un préstamo sin intereses entre matriz y filial es una operación vinculada?

    Sí, y debe valorarse igualmente a precio de mercado; la ausencia de interés pactado no exime de la obligación de documentar y, en su caso, de imputar un rendimiento a valor de mercado.

    Conclusión

    La normativa de precios de transferencia exige a los grupos internacionales con presencia en España una disciplina documental rigurosa y contemporánea, no una justificación improvisada ante un requerimiento. En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas y grupos multinacionales a diseñar su política de precios de transferencia y a elaborar la documentación exigida por la normativa española. Contacta con nuestro equipo para revisar el cumplimiento de tu grupo en esta materia.

  • Riesgos fiscales de operar en España sin establecimiento permanente

    Riesgos fiscales de operar en España sin establecimiento permanente

    Muchas empresas extranjeras crecen en España de forma orgánica: primero un cliente ocasional, después un comercial local, más tarde un pequeño equipo de soporte, y en algún momento una actividad comercial estable que, sin embargo, nunca llega a formalizarse como filial ni se declara como establecimiento permanente. Esta situación, habitual en pymes internacionales y en modelos de negocio digitales, conlleva riesgos fiscales que suelen pasar desapercibidos hasta que la Agencia Tributaria (AEAT) inicia una comprobación.

    Por qué las empresas extranjeras terminan operando sin declarar establecimiento permanente

    Existen varias razones habituales: desconocimiento de la normativa, la creencia errónea de que basta con no tener oficina física en España, la voluntad de simplificar la estructura evitando constituir una filial, o simplemente el crecimiento gradual de una actividad que en origen era puntual. Sea cual sea el motivo, si la actividad desarrollada en España cumple los requisitos legales de establecimiento permanente, la falta de declaración no elimina la obligación tributaria: solo la pospone y agrava sus consecuencias.

    Principales riesgos de no declarar el establecimiento permanente

    Regularización de varios ejercicios

    Cuando la AEAT detecta un establecimiento permanente no declarado, habitualmente regulariza todos los ejercicios no prescritos (generalmente los últimos cuatro años, salvo interrupciones de la prescripción), lo que puede suponer una deuda tributaria muy superior a la que hubiera resultado de una tributación anual correcta y planificada.

    Intereses de demora y sanciones

    A la cuota regularizada se suman los intereses de demora devengados desde cada ejercicio afectado, además de las sanciones correspondientes, que pueden alcanzar porcentajes elevados sobre la cuota dejada de ingresar, especialmente si la Administración considera que existió ocultación.

    Riesgo de doble tributación no resuelta

    Si la empresa ya tributó en su país de origen por los beneficios atribuibles a la actividad española, la regularización en España puede generar una situación de doble imposición que solo se resuelve mediante procedimientos amistosos entre administraciones tributarias (MAP), largos y de resultado incierto, o mediante la correspondiente reclamación en el país de origen.

    Responsabilidad de administradores y representantes

    En determinados supuestos, la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales del establecimiento permanente puede derivar en responsabilidad para quienes actúan como representantes o agentes de la empresa extranjera en España, especialmente si existe indicio de ocultación deliberada de la actividad.

    Sectores especialmente vigilados

    La AEAT presta especial atención, dentro de sus planes anuales de control tributario, a determinados sectores con mayor riesgo de establecimiento permanente no declarado: comercio electrónico y marketplaces, empresas de logística y distribución con almacenes en España, grupos con comerciales o agentes locales que negocian condiciones sustanciales de los contratos, y empresas de servicios digitales y tecnológicos con personal técnico desplazado de forma recurrente.

    Cómo identificar si tu empresa está en riesgo

    • ¿Tienes personal en España que negocia activamente condiciones comerciales con clientes, aunque los contratos se firmen formalmente en el extranjero?
    • ¿Utilizas instalaciones en España para algo más que el mero almacenamiento o entrega de mercancías propias?
    • ¿Tu presencia en España ha crecido en volumen o estabilidad sin que se haya revisado su calificación fiscal?
    • ¿Tienes acuerdos de distribución o agencia cuyo contenido real difiere de lo pactado formalmente en el contrato?

    Si respondes afirmativamente a alguna de estas preguntas, conviene realizar cuanto antes un análisis funcional que determine con precisión tu situación y, en su caso, planificar la regularización voluntaria antes de que lo haga la Administración.

    Ventajas de una regularización voluntaria frente a una inspección

    Regularizar voluntariamente la situación mediante declaraciones complementarias, antes de recibir cualquier requerimiento, permite acogerse a los recargos por presentación extemporánea (sensiblemente inferiores a las sanciones tributarias) y, en muchos casos, negociar con mayor margen la estructura futura de la actividad en España, optando incluso por constituir una sucursal o filial que aporte mayor seguridad jurídica de cara al futuro.

    Qué hacer si ya has recibido un requerimiento de la AEAT

    Si la Administración ya ha iniciado actuaciones de comprobación sobre la posible existencia de un establecimiento permanente no declarado, es fundamental actuar con rapidez y rigor técnico. Un análisis defectuoso de las funciones, activos y riesgos realmente asumidos en España puede llevar a una atribución de beneficios excesiva al establecimiento permanente. En estos casos, contar con un informe pericial de defensa ante inspección de la AEAT resulta clave para aportar al procedimiento una valoración técnica independiente que respalde la posición del contribuyente frente a la Administración.

    Planificación preventiva: la mejor defensa

    La forma más eficaz de evitar estos riesgos es realizar, con carácter preventivo, un análisis periódico de la actividad desarrollada en España a medida que crece, revisando contratos de agencia o distribución, funciones del personal desplazado y uso real de cualquier instalación. Este tipo de auditoría fiscal preventiva permite anticipar contingencias antes de que se conviertan en un problema con Hacienda, y complementa el asesoramiento en implantación de empresas en España que ofrecemos a grupos internacionales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuántos años puede regularizar la AEAT si detecta un establecimiento permanente oculto?

    Habitualmente los últimos cuatro ejercicios no prescritos, aunque el plazo puede ampliarse en caso de indicios de fraude o delito fiscal.

    ¿Es mejor regularizar voluntariamente o esperar a que actúe Hacienda?

    Regularizar de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento reduce significativamente el coste, al aplicarse recargos en lugar de sanciones, además de dar mayor margen de negociación sobre la estructura futura.

    ¿Puede una empresa extranjera evitar el establecimiento permanente simplemente subcontratando servicios en España?

    No necesariamente; si el subcontratado actúa de facto como agente dependiente con capacidad real de vincular a la empresa extranjera, puede seguir generando establecimiento permanente pese a la apariencia de independencia formal.

    Conclusión

    Operar en España sin declarar un establecimiento permanente cuando la actividad lo exige no es una opción sostenible a medio plazo: los riesgos financieros y reputacionales suelen superar con creces el coste de una estructura fiscal correctamente planificada desde el inicio. En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas extranjeras a evaluar su exposición fiscal en España y a regularizar su situación con la mayor seguridad jurídica posible. Contacta con nuestro equipo si tienes dudas sobre tu actividad en territorio español.

  • Establecimiento permanente en España: cuándo se considera que existe

    Establecimiento permanente en España: cuándo se considera que existe

    Una de las cuestiones fiscales más determinantes —y a la vez más malinterpretadas— para cualquier empresa extranjera que opera en España sin haber constituido una filial es si su actividad genera o no un establecimiento permanente (EP). La respuesta tiene consecuencias directas: si existe EP, la empresa extranjera queda sujeta a tributación en España por los beneficios atribuibles a esa presencia, con obligaciones formales equiparables, en muchos aspectos, a las de una sociedad española. Si no existe, la empresa puede operar en España sin tributar aquí por el Impuesto sobre Sociedades, limitándose, en su caso, a la retención sobre determinadas rentas de fuente española.

    Concepto de establecimiento permanente

    La normativa española, en línea con el Modelo de Convenio de la OCDE, define el establecimiento permanente como cualquier lugar fijo de negocios mediante el cual una entidad no residente realiza toda o parte de su actividad en territorio español. La ley enumera ejemplos típicos: sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes, minas, canteras u obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de un determinado plazo (habitualmente seis meses, salvo que el convenio de doble imposición aplicable establezca otro distinto).

    El «agente dependiente» como generador de establecimiento permanente

    Más allá del lugar fijo de negocios, también se considera que existe establecimiento permanente cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúa por cuenta de la empresa extranjera en España y ostenta y ejerce habitualmente poderes para contratar en nombre de dicha empresa. Esta figura del «agente dependiente» es la fuente de mayor litigiosidad en la práctica, especialmente en modelos de negocio con comerciales, distribuidores o representantes locales que negocian condiciones sustanciales de los contratos aunque formalmente estos se firmen en el extranjero.

    Actividades que NO generan establecimiento permanente

    La normativa excluye expresamente determinadas actividades de carácter auxiliar o preparatorio, siempre que no constituyan el núcleo de la actividad empresarial:

    • Uso de instalaciones únicamente para almacenar, exponer o entregar mercancías propias.
    • Mantenimiento de un depósito de mercancías con fines exclusivos de almacenamiento, exposición o entrega, o de transformación por parte de terceros.
    • Mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes, recoger información, o realizar actividades de carácter preparatorio o auxiliar para la empresa.

    La frontera entre «actividad auxiliar» y «actividad sustantiva» es, en la práctica, uno de los puntos más discutidos en las inspecciones fiscales dirigidas a grupos multinacionales, especialmente en sectores como el comercio electrónico, la logística y los servicios digitales.

    Consecuencias fiscales de tener establecimiento permanente en España

    Si se determina la existencia de establecimiento permanente, la empresa extranjera debe:

    1. Tributar en España por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, mediante el régimen especial de establecimientos permanentes, aplicando reglas muy similares al Impuesto sobre Sociedades.
    2. Llevar contabilidad separada del establecimiento permanente conforme a las normas contables españolas.
    3. Cumplir obligaciones formales: alta censal, presentación de declaraciones periódicas, y en su caso, obligaciones de retención como pagador de rentas en España.
    4. Aplicar, si corresponde, un gravamen adicional sobre las cantidades transferidas al extranjero desde el establecimiento permanente, salvo exención por convenio o por reinversión en España.

    Riesgos de operar en España sin declarar establecimiento permanente

    Muchas empresas extranjeras minimizan de forma consciente o inconsciente su presencia declarada en España, asumiendo que su actividad se limita a operaciones auxiliares cuando, en realidad, existe una estructura comercial sustantiva local. Este tipo de situaciones son objeto de especial atención por parte de la AEAT dentro de sus planes de control tributario, y las regularizaciones asociadas pueden incluir varios ejercicios no prescritos, intereses de demora y sanciones significativas. Puedes profundizar en esta problemática en nuestro artículo sobre los riesgos fiscales de operar en España sin establecimiento permanente.

    Establecimiento permanente vs. filial: qué estructura conviene

    Frente al riesgo de un establecimiento permanente «accidental» o no planificado, muchas empresas optan por constituir una filial española (SL o SA) que asuma formalmente la actividad local, lo que aporta mayor seguridad jurídica en la delimitación de responsabilidades y obligaciones fiscales, aunque implica también mayores costes de constitución y mantenimiento. La decisión entre operar mediante sucursal o filial debe evaluarse caso por caso, considerando el volumen de actividad previsto, el nivel de autonomía de la operación local y la estrategia fiscal del grupo.

    Cómo documentar correctamente la actividad para evitar contingencias

    • Analiza detalladamente las funciones, activos y riesgos asumidos por el personal o los agentes en España.
    • Revisa los contratos de distribución, agencia o comisión para asegurar que reflejan fielmente el reparto real de funciones.
    • Documenta el carácter auxiliar de cualquier instalación o almacén utilizado en territorio español.
    • Realiza un análisis funcional periódico si la actividad en España crece o cambia de naturaleza.

    El papel del informe pericial en discusiones sobre establecimiento permanente

    Cuando la AEAT cuestiona la existencia de un establecimiento permanente no declarado, la defensa técnica suele requerir un análisis funcional detallado de las actividades realizadas en España. Un informe pericial de defensa ante inspección de la AEAT puede resultar decisivo para aportar al procedimiento un análisis independiente y técnicamente sólido de la actividad realmente desarrollada, contribuyendo a delimitar con precisión si existe o no establecimiento permanente y, en su caso, qué beneficios le serían atribuibles.

    Preguntas frecuentes

    ¿Un almacén de mercancías en España siempre genera establecimiento permanente?

    No necesariamente; si se utiliza exclusivamente para almacenar, exponer o entregar mercancías propias, puede considerarse actividad auxiliar excluida del concepto de EP, aunque hay que analizar cada caso con detalle.

    ¿Un comercial que visita clientes en España sin poder para firmar contratos genera establecimiento permanente?

    En principio no, si carece de poderes para negociar y cerrar contratos vinculantes en nombre de la empresa extranjera, aunque conviene analizar el alcance real de sus funciones.

    ¿Qué duración de una obra de construcción genera establecimiento permanente en España?

    Generalmente se considera EP cuando la obra, instalación o montaje se prolonga más de seis meses, aunque el convenio de doble imposición aplicable puede fijar un plazo distinto.

    Conclusión

    Determinar si una actividad genera establecimiento permanente en España requiere un análisis técnico riguroso que combine normativa interna, convenios de doble imposición y la realidad funcional de la operación. Un error en esta valoración puede suponer contingencias fiscales relevantes o, por el contrario, una estructura ineficiente que renuncie a ventajas legítimas. En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas extranjeras a analizar su presencia en España y a diseñar la estructura óptima. Contacta con nuestro equipo para revisar tu situación.

  • Holding español (ETVE): ventajas fiscales para grupos internacionales

    Holding español (ETVE): ventajas fiscales para grupos internacionales

    Para muchos grupos multinacionales, elegir dónde ubicar la sociedad holding que centraliza las participaciones en filiales operativas es una decisión estratégica con enorme impacto fiscal. España, gracias al régimen especial de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), se ha consolidado como una jurisdicción competitiva para estructurar holdings internacionales, combinando seguridad jurídica, pertenencia a la Unión Europea, una amplia red de convenios de doble imposición y un tratamiento fiscal muy favorable para dividendos y plusvalías de fuente extranjera.

    Qué es una ETVE y qué la diferencia de una sociedad holding ordinaria

    Una ETVE es una sociedad española (habitualmente una SL o SA) cuyo objeto social incluye expresamente la gestión y administración de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. A diferencia de una holding ordinaria, la ETVE debe comunicar su opción por el régimen a la Agencia Tributaria y cumplir determinados requisitos de sustancia para poder disfrutar de los beneficios fiscales asociados.

    Principales ventajas fiscales del régimen ETVE

    Exención sobre dividendos de fuente extranjera

    Los dividendos percibidos por la ETVE procedentes de sus filiales extranjeras están exentos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades español, siempre que se cumplan los requisitos generales de exención por participación significativa: porcentaje mínimo de participación (habitualmente el 5%, o un valor de adquisición superior a un umbral determinado) y un periodo mínimo de tenencia, además de que la filial esté sujeta a un impuesto de naturaleza análoga al Impuesto sobre Sociedades en su país de residencia con un tipo nominal mínimo.

    Exención sobre plusvalías en la transmisión de participaciones

    Del mismo modo, las plusvalías obtenidas por la venta de las participaciones en las filiales extranjeras también quedan exentas de tributación en España, cumpliendo requisitos similares a los exigidos para la exención de dividendos, lo que convierte a la ETVE en una estructura muy eficiente para procesos de reorganización, venta parcial de negocios o entrada de nuevos inversores en el grupo.

    Exención en la distribución de beneficios a socios no residentes

    Cuando la ETVE reparte a sus socios no residentes en España los beneficios que provienen de dividendos o plusvalías exentas, dicha distribución tampoco está sujeta a retención en España (salvo que el socio resida en un paraíso fiscal), lo que evita una capa adicional de tributación en la repatriación de beneficios hacia la matriz última del grupo.

    Requisitos que debe cumplir la ETVE

    • Objeto social que incluya expresamente la actividad de gestión y administración de valores de entidades no residentes.
    • Comunicación de la opción por el régimen a la Agencia Tributaria antes del cierre del periodo impositivo en que deba surtir efecto.
    • Titularidad de las acciones de la ETVE nominativa (no al portador).
    • Organización de medios materiales y personales adecuados para gestionar la actividad de holding (sustancia económica), especialmente relevante para evitar cuestionamientos por parte de la Administración o por normativa antiabuso europea.

    España como puente fiscal hacia Europa y Latinoamérica

    Uno de los grandes atractivos del régimen ETVE es su combinación con la extensa red de convenios de doble imposición que España mantiene, especialmente con países latinoamericanos, lo que la convierte en una plataforma idónea para inversores de esa región que quieren acceder al mercado europeo, y viceversa, para grupos europeos que buscan invertir en Latinoamérica minimizando la fricción fiscal. Puedes conocer más sobre esta estrategia en nuestra página sobre España como puente hacia Europa y sobre nuestra experiencia específica trabajando con inversores de América Latina.

    Comparativa con otras jurisdicciones holding europeas

    Frente a jurisdicciones tradicionalmente utilizadas para estructuras holding (Países Bajos, Luxemburgo), España ofrece una combinación diferencial: una economía de tamaño relevante con mercado interno propio, menor percepción de «estructura artificiosa» ante las autoridades fiscales de terceros países, y unos requisitos de sustancia que, bien gestionados, resultan perfectamente asumibles para grupos de tamaño medio, no solo para grandes multinacionales.

    Casos habituales de uso de la ETVE

    1. Grupos latinoamericanos que centralizan en España sus inversiones europeas antes de expandirse a otros mercados de la Unión.
    2. Grupos europeos o norteamericanos que utilizan España como plataforma para invertir en Latinoamérica aprovechando el idioma, la cultura jurídica compartida y los convenios fiscales.
    3. Family offices que buscan una jurisdicción estable dentro de la UE para consolidar participaciones internacionales diversificadas.
    4. Procesos de reestructuración societaria previos a una venta parcial o total del grupo.

    Riesgos y puntos de atención

    El régimen ETVE, pese a sus ventajas, no está exento de escrutinio. La Administración tributaria puede cuestionar la sustancia real de la estructura si no existe una organización mínima de medios, y la normativa europea antiabuso (directivas ATAD) obliga a reforzar la justificación económica de este tipo de entidades. Por ello, antes de implementar una estructura ETVE conviene contar con asesoramiento especializado en estructuras de holding que analice el encaje real del grupo en el régimen y diseñe la sustancia adecuada desde el primer momento.

    En operaciones de reestructuración societaria complejas que impliquen fusiones, escisiones o aportaciones de rama de actividad dentro del grupo, puede ser recomendable respaldar la operación con un informe pericial sobre reestructuraciones FEAC que acredite el cumplimiento del motivo económico válido exigido por la normativa para aplicar el régimen de neutralidad fiscal.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cualquier sociedad española puede optar al régimen ETVE?

    Sí, cualquier sociedad sujeta al Impuesto sobre Sociedades puede optar al régimen si cumple los requisitos formales y materiales, aunque debe comunicarlo expresamente a la Agencia Tributaria.

    ¿La ETVE puede tener también actividad operativa propia además de la de holding?

    Sí, no es incompatible, aunque conviene analizar cómo afecta esto a la sustancia y a la trazabilidad de los flujos exentos frente a los gravados.

    ¿Qué ocurre si la filial extranjera reside en un país de baja tributación?

    Se pierde la exención sobre dividendos y plusvalías si la filial no está sujeta a un impuesto análogo con un tipo nominal mínimo, por lo que conviene revisar la fiscalidad del país de la filial antes de estructurar el holding.

    Conclusión

    El régimen ETVE convierte a España en una de las jurisdicciones más competitivas de Europa para estructurar holdings internacionales, siempre que la estructura se diseñe correctamente desde el punto de vista de sustancia y cumplimiento normativo. En LRB Tax & Legal diseñamos e implementamos estructuras de holding a medida para grupos internacionales, coordinando la fiscalidad española con la de las jurisdicciones de origen y destino de la inversión. Contacta con nuestro equipo para valorar si una ETVE encaja en tu estructura de grupo.

  • Cómo constituir una Sociedad Limitada en España siendo extranjero

    Cómo constituir una Sociedad Limitada en España siendo extranjero

    España es uno de los destinos preferidos por inversores y emprendedores extranjeros para implantar un negocio en Europa, gracias a su posición geoestratégica, su marco jurídico estable dentro de la Unión Europea y una red de convenios de doble imposición que facilita la actividad internacional. La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) es, con diferencia, la forma jurídica más utilizada por su flexibilidad, su capital social mínimo reducido y su régimen de responsabilidad limitada al patrimonio social. Sin embargo, constituir una SL siendo extranjero implica una serie de trámites específicos que conviene conocer de antemano para evitar retrasos innecesarios.

    Requisitos previos antes de constituir la sociedad

    Obtener el NIE

    Todo socio y administrador extranjero necesita disponer de un Número de Identidad de Extranjero (NIE) antes de poder constituir la sociedad, ya que es el identificador fiscal exigido por notarías, el Registro Mercantil y la Agencia Tributaria. Puede solicitarse en España o en el consulado español del país de residencia. Consulta nuestra página sobre NIE y NIF para conocer el procedimiento detallado.

    Certificación negativa de denominación social

    Antes de acudir al notario, debe solicitarse al Registro Mercantil Central un certificado que acredite que el nombre elegido para la sociedad no coincide con ninguno ya registrado. Este trámite puede realizarse de forma telemática y suele resolverse en pocos días hábiles.

    Apertura de cuenta bancaria y desembolso del capital

    El capital social mínimo de una SL es de 1 euro (con determinadas cautelas legales hasta alcanzar los 3.000 euros habituales), que debe desembolsarse en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en constitución. Los bancos españoles aplican procedimientos reforzados de prevención de blanqueo de capitales cuando los socios son extranjeros, por lo que conviene preparar con antelación la documentación acreditativa del origen de los fondos.

    El proceso notarial y registral

    Una vez reunida la documentación (NIE de socios y administradores, certificación negativa de denominación, certificado bancario del desembolso, estatutos sociales y poderes, en su caso), se procede a la firma de la escritura pública de constitución ante notario español. Si el socio extranjero no puede desplazarse a España, puede otorgar un poder notarial en su país de origen (debidamente apostillado o legalizado y, en su caso, traducido) a favor de un representante que firme en su nombre.

    Tras la firma, la escritura debe liquidarse (exenta en la actualidad del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución) e inscribirse en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social. Con la inscripción, la sociedad adquiere personalidad jurídica plena.

    Trámites fiscales tras la constitución

    • Solicitud del CIF definitivo ante la Agencia Tributaria (el provisional se obtiene antes de la escritura).
    • Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (exenta para la mayoría de pymes durante los dos primeros ejercicios y mientras la cifra de negocio no supere el millón de euros).
    • Alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente para administradores y socios trabajadores.
    • Registro en el sistema Veri*factu si la actividad exige facturación electrónica conforme a la nueva normativa.

    Para una visión completa del proceso de implantación, incluida la comparativa entre distintas estructuras, consulta nuestra página sobre constitución de sociedades en España y implantación de empresas en España.

    ¿Necesitas permiso de residencia para constituir una sociedad?

    No es imprescindible residir en España para ser socio de una SL española: se puede ser socio no residente sin más trámite que el NIE. Sin embargo, si el extranjero pretende trasladarse a España para dirigir y trabajar activamente en la sociedad, deberá tramitar la autorización de residencia correspondiente, ya sea a través del régimen general, del visado de emprendedor de la Ley de Startups (si el proyecto cumple los requisitos de innovación y escalabilidad) o de la modalidad de residencia por cuenta propia.

    Fiscalidad inicial de la sociedad

    La sociedad, una vez constituida, tributará por el Impuesto sobre Sociedades sobre sus beneficios, con un tipo general y tipos reducidos aplicables a determinadas entidades de nueva creación durante los primeros ejercicios con base imponible positiva. Si la sociedad va a operar a nivel internacional o pertenece a un grupo con matriz extranjera, conviene desde el inicio planificar la política de precios de transferencia y valorar si conviene una estructura de holding, aprovechando el atractivo régimen español de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Nuestro despacho matriz, LRB, ofrece estructuras de holding diseñadas específicamente para grupos internacionales que buscan invertir a través de España.

    Errores frecuentes al constituir una SL siendo extranjero

    1. No anticipar los plazos de obtención del NIE, que pueden dilatarse en algunos consulados.
    2. Elegir un objeto social genérico o mal definido, que dificulta trámites posteriores como licencias específicas.
    3. No preparar adecuadamente la documentación bancaria de origen de fondos, lo que puede bloquear la apertura de cuenta durante semanas.
    4. Desconocer las obligaciones contables y de auditoría aplicables según el tamaño de la sociedad.

    Cuándo conviene una due diligence previa

    Si la constitución de la sociedad española forma parte de una operación más amplia (adquisición de un negocio existente, aportación de activos de otra jurisdicción o entrada de nuevos socios extranjeros), es aconsejable encargar un informe pericial jurídico-empresarial que valore adecuadamente los activos aportados y anticipe contingencias legales o fiscales antes de formalizar la operación.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo constituir una SL en España sin viajar al país?

    Sí, mediante poder notarial otorgado en tu país de origen (apostillado y, si procede, traducido) a favor de un representante que firme la escritura en España.

    ¿Cuánto tiempo tarda el proceso completo de constitución?

    Con toda la documentación preparada, el proceso puede completarse en pocas semanas, aunque los plazos varían según la agilidad del Registro Mercantil y la entidad bancaria elegida.

    ¿Necesito un socio español para constituir la sociedad?

    No, la legislación española permite el 100% de capital extranjero en una SL, sin necesidad de socios ni administradores de nacionalidad española.

    Conclusión

    Constituir una Sociedad Limitada en España siendo extranjero es un proceso perfectamente accesible si se planifica con antelación y se cuenta con el asesoramiento adecuado en materia mercantil, fiscal y migratoria. En LRB Tax & Legal acompañamos a inversores y emprendedores extranjeros en todo el proceso, desde la obtención del NIE hasta la puesta en marcha operativa y fiscal de la sociedad. Contacta con nosotros para planificar tu proyecto empresarial en España.

  • Régimen fiscal de las rentas del trabajo obtenidas fuera de España por residentes

    Régimen fiscal de las rentas del trabajo obtenidas fuera de España por residentes

    Cada vez es más habitual que un residente fiscal en España trabaje, total o parcialmente, para un empleador extranjero, realice desplazamientos temporales al extranjero por cuenta de su empresa, o combine teletrabajo con estancias en distintos países. En todos estos casos surge la misma pregunta: ¿cómo tributan en España las rentas del trabajo obtenidas fuera del territorio nacional? La respuesta depende de varios factores: el lugar donde se presta físicamente el servicio, la existencia de convenio de doble imposición, y la posible aplicación de exenciones específicas del IRPF pensadas justamente para este tipo de situaciones.

    El principio de renta mundial

    Como regla general, quien tiene la condición de residente fiscal en España debe tributar en el IRPF por su renta mundial, es decir, por todos los ingresos obtenidos con independencia del país en que se generen. Esto incluye los salarios percibidos por trabajos desarrollados físicamente en el extranjero, ya sea mediante desplazamientos puntuales, proyectos de varios meses o teletrabajo transfronterizo para una empresa extranjera.

    Esta regla, sin embargo, convive con mecanismos diseñados para evitar la doble imposición internacional, que son los que realmente determinan la carga fiscal efectiva.

    La exención del artículo 7.p) de la Ley del IRPF

    Una de las herramientas más relevantes y, a la vez, más desaprovechadas por desconocimiento es la exención regulada en el artículo 7.p) de la Ley del IRPF, aplicable a los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero para una empresa o entidad no residente en España (o un establecimiento permanente radicado fuera de España), siempre que en el territorio donde se realice el trabajo exista un impuesto de naturaleza análoga al IRPF y no se trate de un país o territorio calificado como paraíso fiscal.

    Requisitos principales de la exención

    • Desplazamiento físico y efectivo del trabajador al extranjero para realizar el trabajo.
    • Existencia de un beneficiario o destinatario del trabajo situado fuera de España: una filial extranjera, un cliente internacional o el propio grupo empresarial.
    • Aplicación de un impuesto análogo al IRPF en el país de destino, salvo que exista convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información.

    La exención tiene un límite cuantitativo anual (consulta los importes actualizados, ya que se revisan periódicamente) y resulta especialmente útil para directivos y técnicos que realizan estancias de trabajo en filiales o clientes extranjeros dentro de grupos multinacionales.

    El régimen de excesos: alternativa incompatible con la exención

    Como alternativa a la exención del 7.p), determinados trabajadores desplazados pueden beneficiarse del llamado «régimen de excesos», que permite excluir de tributación la parte de las retribuciones que constituya un exceso sobre las que percibiría el trabajador si permaneciera en España, en concepto de compensación por el desplazamiento. Ambos regímenes son incompatibles entre sí para las mismas rentas, por lo que conviene calcular cuál resulta más favorable en cada caso concreto antes de decidir cuál aplicar en la declaración.

    Convenios de doble imposición: el mecanismo de fondo

    Cuando existe convenio de doble imposición entre España y el país donde se presta el trabajo, este suele atribuir la potestad tributaria compartida entre ambos Estados, salvo excepciones como la denominada «regla de los 183 días», que permite tributar exclusivamente en España cuando la estancia en el otro país no supera los 183 días en un periodo de doce meses, el pagador no es residente en ese país y el coste salarial no lo soporta un establecimiento permanente allí situado. En caso de tributación compartida, España aplicará el método de exención o de imputación (con deducción por doble imposición internacional) según lo establecido en cada convenio concreto.

    Teletrabajo transfronterizo: un supuesto en auge

    El teletrabajo para empresas extranjeras desde territorio español, o viceversa, plantea matices propios: si el trabajo se realiza físicamente desde España aunque el empleador esté en el extranjero, en principio no resulta aplicable la exención del artículo 7.p), reservada a trabajos realizados físicamente fuera de España. Este es uno de los errores más frecuentes que detectamos en revisiones fiscales de nómadas digitales y trabajadores remotos internacionales, por lo que recomendamos un análisis específico antes de aplicar cualquier beneficio fiscal.

    Retenciones y obligaciones del pagador

    Cuando el pagador es una entidad extranjera sin obligación de retener en España, el propio trabajador residente debe calcular e ingresar los pagos fraccionados o, en su caso, regularizar la situación en su declaración anual del IRPF, aplicando las deducciones por doble imposición que correspondan. Es habitual que estos trabajadores olviden declarar correctamente estas rentas al no recibir un certificado de retenciones español, lo que puede derivar en requerimientos posteriores de la AEAT.

    Buenas prácticas para minimizar riesgos

    1. Documenta con precisión los días de desplazamiento efectivo al extranjero (billetes, contratos, cartas de asignación).
    2. Conserva evidencia del beneficiario extranjero del trabajo realizado.
    3. Calcula, antes de presentar la declaración, si te conviene más la exención del 7.p) o el régimen de excesos.
    4. Revisa el convenio de doble imposición aplicable para evitar tributar dos veces por la misma renta.

    Ante una revisión de Hacienda sobre la correcta aplicación de estos beneficios, resulta muy recomendable contar con un informe pericial tributario que documente técnicamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo aplicar la exención del 7.p) si trabajo en remoto desde España para una empresa extranjera?

    No, la exención exige que el trabajo se realice físicamente fuera de España; el teletrabajo desde territorio español no cumple este requisito.

    ¿Qué régimen es más ventajoso, la exención del 7.p) o el régimen de excesos?

    Depende del importe de las retribuciones y de la duración del desplazamiento; conviene calcular ambos escenarios antes de decidir, ya que son incompatibles entre sí.

    ¿Debo declarar en España el salario obtenido en el extranjero si ya he pagado impuestos allí?

    Sí, como residente fiscal debes declarar tu renta mundial, pero podrás aplicar la deducción por doble imposición internacional o la exención que corresponda según el convenio aplicable.

    Conclusión

    La fiscalidad de las rentas del trabajo obtenidas fuera de España combina normativa interna, convenios internacionales y criterios administrativos que cambian con frecuencia. Aplicar mal estos beneficios puede suponer perder ahorro fiscal legítimo o, en el peor de los casos, enfrentarte a una regularización de Hacienda. En LRB Tax & Legal analizamos cada situación individualmente para aplicar el régimen más favorable y documentarlo correctamente. Contacta con nuestro equipo si trabajas o te desplazas al extranjero por motivos laborales.

  • El equipo fiscal de LRB Tax & Legal, finalista en los Iberian Lawyer Awards frente a EY y KPMG

    LRB Tax & Legal, entre las mejores firmas fiscales de España y Portugal

    Las empresas y los profesionales extranjeros que se instalan en España para trabajar necesitan, junto con la gestión de su permiso de trabajo, contar con un buen abogado fiscalista que les acompañe desde el principio. Por eso destacamos la siguiente noticia del sector fiscal y legal español.

    Competir de tú a tú con los departamentos fiscales de EY y KPMG no está al alcance de cualquier despacho. Sin embargo, eso es exactamente lo que logró el equipo de abogados fiscalistas de LRB Tax & Legal en la 14ª edición de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards, celebrada el 24 de septiembre de 2026 en el Palacio de la Prensa de Madrid, donde llegó como finalista en la categoría «Mejor Equipo Fiscal» (Best Tax Team), compartiendo la fase final con despachos y firmas como EY, KPMG, Abreu Advogados y Dower.

    El equipo fiscal de LRB estuvo representado en la gala por Álvaro Quer, quien recogió el reconocimiento como finalista en representación de todo el departamento. La misma noche, además, Luis Miguel Larriba, Socio Director de la firma, fue distinguido individualmente como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal, un doble reconocimiento —individual y de equipo— que rara vez se da en una misma edición de estos premios.

    Qué significa ser finalista frente a las Big Four

    Los Iberian Lawyer Awards son de los pocos premios del sector legal ibérico donde despachos boutique compiten en igualdad de condiciones con los grandes departamentos fiscales de las firmas globales de auditoría y consultoría. El jurado, compuesto por profesionales independientes del sector, no valora el tamaño de la plantilla ni la facturación, sino el impacto real del trabajo realizado, la complejidad técnica de los asuntos gestionados y la contribución de cada equipo a su área de práctica.

    Que el equipo fiscal de LRB Tax & Legal llegara a la final en esos términos, compitiendo contra estructuras con cientos de profesionales dedicados en exclusiva a fiscalidad, confirma que el volumen de expedientes gestionados por la firma en materia de defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones societarias y fiscalidad internacional tiene una complejidad técnica comparable a la de los grandes despachos, pese a operar con una estructura mucho más ágil.

    El valor de un equipo especializado frente a un generalista

    Uno de los factores que suele explicar este tipo de reconocimientos es la especialización. Frente al modelo de asesoría generalista, LRB Tax & Legal ha construido su equipo fiscal en torno a tres pilares muy concretos: la defensa técnica en procedimientos de comprobación e inspección tributaria, el asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial acogidas al régimen FEAC (fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias con neutralidad fiscal), y la elaboración de informes periciales judiciales en materia tributaria, un servicio que la firma también presta bajo su marca especializada ValiTax, con perito judicial tributario acreditado.

    Esa especialización permite al equipo abordar expedientes de alta complejidad técnica —discusiones sobre la calificación fiscal de operaciones societarias, procedimientos sancionadores, recursos económico-administrativos— con un nivel de detalle que resulta determinante quien se juega, literalmente, el patrimonio de sus clientes ante la Administración tributaria.

    La importancia de contar con el equipo adecuado ante una restructuración

    Cuando una empresa afronta una fusión, una escisión o una reorganización societaria, la calificación fiscal de la operación puede marcar la diferencia entre una restructuración neutra y una contingencia fiscal de miles de euros. El régimen FEAC exige acreditar motivos económicos válidos, y ahí es donde un equipo fiscal experimentado, como el que ha llevado a LRB a la final de los Iberian Lawyer Awards, aporta un valor que va mucho más allá de la mera tramitación administrativa.

    Del mismo modo, cuando la operación acaba en los tribunales, contar con un informe pericial tributario elaborado por profesionales acreditados —como los que firma ValiTax dentro del grupo LRB— puede resultar decisivo para el resultado del procedimiento judicial. No es casualidad que ambos servicios, restructuración FEAC e informes periciales, formen parte del núcleo de especialización que ha llevado al equipo fiscal de LRB hasta la final de estos premios.

    Un despacho con presencia en Madrid y Mallorca

    LRB Tax & Legal opera desde su sede central en el Paseo de la Castellana 194, en Madrid, con una segunda oficina en San Sebastián de los Reyes y una delegación específica en Parc Bit, Palma de Mallorca, desde donde atiende a clientes del sector turístico, hotelero y tecnológico balear. Esa doble presencia territorial, unida a la especialización técnica de su equipo fiscal, es parte de la explicación de por qué una firma de este tamaño puede llegar a la final de un premio donde compiten los grandes despachos internacionales.

    Preguntas frecuentes

    ¿En qué categoría fue finalista el equipo fiscal de LRB Tax & Legal?

    Fue finalista en la categoría «Mejor Equipo Fiscal» (Best Tax Team) de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, compitiendo con los departamentos fiscales de EY, KPMG y otras firmas.

    ¿Quién representó al equipo fiscal de LRB en la gala?

    El equipo estuvo representado por Álvaro Quer, mientras que Luis Miguel Larriba, Socio Director de la firma, recibió además el premio individual a Mejor Profesional Fiscal del Año.

    ¿Qué servicios presta el equipo fiscal de LRB Tax & Legal?

    Defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones empresariales bajo el régimen FEAC e informes periciales judiciales tributarios, entre otros servicios de fiscalidad nacional e internacional.

  • Fiscalidad del divorcio internacional: pensiones compensatorias y de alimentos

    Fiscalidad del divorcio internacional: pensiones compensatorias y de alimentos

    Un divorcio ya es, de por sí, un proceso complejo desde el punto de vista personal y legal. Cuando además intervienen cónyuges de distinta nacionalidad, patrimonio situado en varios países o uno de los excónyuges reside fuera de España, la dimensión fiscal se convierte en un factor determinante que muchas parejas descuidan hasta que ya es demasiado tarde. Pensiones compensatorias, pensiones de alimentos, reparto de bienes gananciales con elemento internacional y cambios de residencia fiscal tras la ruptura son algunos de los aspectos que conviene planificar con cuidado.

    En este artículo explicamos cómo tributan en España las principales figuras económicas derivadas de un divorcio con componente internacional, tanto si eres tú quien reside en España como si tu excónyuge o tus hijos residen en otro país.

    Pensión compensatoria: tratamiento fiscal para pagador y perceptor

    La pensión compensatoria, regulada en el artículo 97 del Código Civil, busca corregir el desequilibrio económico que el divorcio pueda ocasionar a uno de los cónyuges. Fiscalmente, cuando ambas partes son residentes en España, quien la paga puede reducir su base imponible general del IRPF por el importe satisfecho (siempre que exista resolución judicial o convenio regulador homologado), mientras que quien la percibe debe integrarla como rendimiento del trabajo en su propia declaración.

    La situación se complica cuando el pagador o el perceptor no son residentes fiscales en España. Si el perceptor reside en el extranjero, deberá analizarse si el convenio de doble imposición aplicable atribuye la potestad tributaria a España, al país de residencia del perceptor, o a ambos con mecanismo de eliminación de la doble imposición. Muchos convenios firmados por España encuadran este tipo de rentas dentro de la cláusula residual de «otras rentas», que habitualmente atribuye la tributación exclusiva al país de residencia del perceptor, aunque conviene revisar cada convenio en detalle porque las cláusulas varían sensiblemente entre países.

    Pensión de alimentos: régimen especial y exención parcial

    Las pensiones de alimentos a favor de los hijos, fijadas judicialmente, cuentan con un tratamiento fiscal singular en el IRPF español: no reducen la base imponible del progenitor pagador (a diferencia de la compensatoria), pero permiten aplicar una escala de gravamen separada sobre el resto de la base liquidable, lo que suaviza la progresividad del impuesto. Para el hijo perceptor, estas cantidades están exentas de tributación.

    Cuando el progenitor pagador es no residente en España pero mantiene fuente de renta española (por ejemplo, un inmueble o una actividad económica), no puede aplicar este tratamiento especial reservado a residentes, lo que en la práctica encarece la carga fiscal efectiva del divorcio internacional para quien tributa por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

    Reparto de bienes gananciales o del régimen económico matrimonial con elemento internacional

    La liquidación del régimen económico matrimonial (sociedad de gananciales, separación de bienes u otros regímenes extranjeros equivalentes) no tributa como una transmisión patrimonial onerosa cuando se realiza dentro de los cauces legales del divorcio, siempre que exista equivalencia económica entre los lotes adjudicados a cada cónyuge. Sin embargo, cuando el patrimonio incluye inmuebles, sociedades o cuentas situadas en distintos países, es imprescindible determinar qué ley rige el régimen económico matrimonial (normalmente la pactada en capitulaciones o, en su defecto, la del primer domicilio común tras el matrimonio) y cómo se coordina con la fiscalidad de cada territorio implicado.

    Riesgo de doble tributación en la adjudicación de bienes

    Si el reparto no respeta la proporcionalidad económica exigida, Hacienda puede reconsiderar la operación como una donación o una compraventa encubierta entre excónyuges, con la correspondiente tributación por Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o por incremento patrimonial. Este riesgo se agrava en divorcios internacionales donde intervienen normativas civiles distintas, por lo que conviene una planificación previa cuidadosa antes de firmar el convenio regulador.

    Cambio de residencia fiscal tras el divorcio

    Es habitual que, tras la ruptura, uno de los excónyuges decida trasladarse a otro país, ya sea para regresar a su país de origen o para iniciar una nueva etapa. Este cambio debe gestionarse con cuidado desde el punto de vista de la residencia fiscal en España, ya que mantener vínculos económicos, familiares o de permanencia superior a 183 días puede prolongar la condición de residente fiscal español pese al traslado formal del domicilio, generando obligaciones de tributación por renta mundial que la persona no esperaba.

    Aspectos prácticos a tener en cuenta

    • Documenta con precisión en el convenio regulador el carácter de cada pago (compensatorio, alimenticio, liquidación de gananciales) para evitar reclasificaciones fiscales por parte de Hacienda.
    • Revisa el convenio de doble imposición aplicable si alguno de los excónyuges no reside en España.
    • Valora el impacto fiscal antes de firmar el convenio, no después: muchas decisiones (como quién se queda con según qué activos) tienen consecuencias tributarias muy distintas.
    • Si hay menores con progenitor no residente, revisa también las implicaciones en materia de Seguridad Social y sanidad.

    Cuándo conviene un informe pericial en un divorcio internacional

    En procesos de divorcio con patrimonio complejo, sociedades familiares o discrepancias sobre el valor real de los bienes a repartir, un informe pericial jurídico-empresarial independiente puede resultar decisivo para acreditar ante el juzgado el valor y la composición real del patrimonio conyugal, especialmente cuando existen empresas, participaciones o activos en el extranjero cuya valoración es objeto de disputa entre las partes.

    Preguntas frecuentes

    ¿Tributa en España la pensión compensatoria si el perceptor vive en el extranjero?

    Depende del convenio de doble imposición aplicable; en muchos casos la potestad tributaria corresponde al país de residencia del perceptor, pero debe analizarse caso por caso.

    ¿Puedo deducirme la pensión de alimentos a mis hijos en el IRPF?

    No se deduce directamente de la base, pero permite aplicar la escala de gravamen de forma separada al resto de tu base liquidable, reduciendo la progresividad efectiva del impuesto.

    ¿Qué ley rige el reparto de bienes en un divorcio entre cónyuges de distinta nacionalidad?

    Generalmente la pactada en capitulaciones matrimoniales o, en su defecto, la determinada por los criterios de conexión del Reglamento europeo de regímenes económicos matrimoniales o de la normativa internacional privada aplicable.

    Conclusión

    La dimensión fiscal de un divorcio internacional exige un análisis conjunto de derecho civil, derecho tributario y, con frecuencia, derecho comparado. Una planificación deficiente puede transformar un proceso ya delicado en una fuente adicional de conflictos con Hacienda. En LRB Tax & Legal acompañamos a nuestros clientes en la estructuración fiscal de divorcios con elemento internacional, coordinando con sus abogados de familia para minimizar el impacto tributario. Contacta con nosotros para una valoración de tu caso.

  • Devolución de IVA en otros países de la Unión Europea: guía completa para empresas (2026)

    Por qué tantas empresas pagan IVA en la UE que después no recuperan

    Las empresas que cuentan con trabajadores desplazados al extranjero o que operan con proveedores de otros países de la Unión Europea suelen centrar su atención en los trámites de extranjería y residencia, pero pasan por alto un derecho fiscal paralelo: la recuperación del IVA soportado en esos países. Cualquier empresa que opera con proveedores, ferias, eventos o servicios en otros países de la Unión Europea acaba, en algún momento, soportando IVA extranjero que tiene derecho a recuperar. Hoteles en Alemania, combustible en Francia, stands en una feria en Italia, servicios logísticos en Países Bajos: en todos esos casos, la empresa española ha pagado un IVA que no le corresponde asumir como coste, porque existe un mecanismo específico de devolución de IVA nacional y extranjero pensado exactamente para estas situaciones. El problema es que, en la práctica, una proporción muy alta de ese IVA extranjero nunca se solicita, simplemente porque el procedimiento es poco conocido, tiene plazos estrictos y exige una gestión documental que muchas empresas no tienen tiempo de abordar internamente.

    El resultado es dinero que queda definitivamente perdido para la empresa, cuando podría haberse recuperado con un procedimiento relativamente sencillo si se gestiona a tiempo y con el soporte documental adecuado.

    Qué es la devolución de IVA intracomunitario y a quién afecta

    El sistema de IVA europeo permite, desde la Directiva 2008/9/CE, que una empresa establecida en un Estado miembro de la UE recupere el IVA que ha soportado en otro Estado miembro distinto, siempre que no esté obligada a presentar declaraciones de IVA en ese segundo país. En España, el cauce para solicitar esta devolución es el Modelo 360, que se presenta por vía electrónica a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que actúa como intermediaria y remite la solicitud al Estado miembro donde se soportó el IVA.

    Este mecanismo afecta, en la práctica, a un número mucho mayor de empresas de lo que suele pensarse: cualquier compañía que viaje, participe en ferias o eventos internacionales, contrate servicios logísticos transfronterizos, compre mercancía con transporte propio en otro país de la UE, o tenga empleados que se desplacen regularmente al extranjero por motivos de trabajo, es candidata a tener IVA recuperable pendiente.

    Qué gastos suelen generar IVA recuperable en otros países de la UE

    Entre los gastos más habituales que generan derecho a devolución de IVA extranjero se encuentran los siguientes: alojamiento y restauración durante viajes de negocio; combustible y peajes en desplazamientos por carretera; alquiler de vehículos en el extranjero; participación en ferias y congresos (alquiler de stand, montaje, servicios asociados); servicios profesionales contratados a proveedores de otro Estado miembro cuando no aplica la regla de inversión del sujeto pasivo; y determinados servicios de transporte y logística. No todos los países de la UE devuelven el IVA de las mismas categorías de gasto en las mismas condiciones, lo que añade una capa adicional de complejidad: cada Estado miembro de devolución aplica sus propias restricciones y exclusiones, heredadas de su normativa interna de IVA.

    Por eso, antes de presentar una solicitud, conviene revisar qué partidas son efectivamente recuperables en el país concreto donde se soportó el IVA, para no perder tiempo reclamando gastos que ese Estado miembro excluye de forma sistemática.

    Por qué conviene apoyarse en asesoramiento especializado

    La gestión de la devolución de IVA intracomunitario combina tres dificultades que, juntas, explican por qué tantas empresas renuncian a reclamar lo que les corresponde: el desconocimiento del procedimiento y de sus plazos (el Modelo 360 debe presentarse antes del 30 de septiembre del año siguiente al del ejercicio en que se soportó el IVA, un plazo que se agota con facilidad si no hay un control sistemático); la exigencia documental (facturas originales, justificación de la actividad económica, en ocasiones certificados de sujeto pasivo); y la necesidad de conocer las particularidades de cada Estado miembro de devolución, que puede solicitar aclaraciones adicionales o rechazar partidas que en España se habrían aceptado sin problema.

    Contar con un despacho de asesoría fiscal internacional especializado en este tipo de procedimientos permite, en la práctica, convertir una gestión que muchas empresas abandonan en un proceso sistemático que recupera, ejercicio tras ejercicio, el IVA soportado en el extranjero. LRB Tax & Legal, con sede en Madrid y delegación en Mallorca, acompaña a empresas de sectores muy distintos —turístico, logístico, industrial, tecnológico— en la presentación de estas solicitudes, revisando previamente qué gastos son recuperables en cada país de destino y preparando la documentación necesaria para minimizar el riesgo de rechazo.

    Qué ocurre si la solicitud de devolución de IVA se gestiona mal

    Una solicitud de devolución de IVA extranjero mal preparada no solo corre el riesgo de ser rechazada: también puede generar requerimientos de información adicional por parte del Estado miembro de devolución, que alargan considerablemente el plazo de resolución (la normativa comunitaria prevé hasta cuatro meses en condiciones normales, pero este plazo se amplía de forma automática si se solicitan aclaraciones). Un error frecuente es presentar facturas que no cumplen los requisitos formales exigidos por el país de destino, o reclamar partidas de gasto que ese Estado miembro excluye expresamente de la devolución, lo que puede llevar a un rechazo parcial o total de la solicitud.

    Por eso, una revisión previa de la documentación por parte de un asesor con experiencia en fiscalidad internacional reduce significativamente el riesgo de que la Administración tributaria extranjera rechace la solicitud, y acelera el cobro efectivo de la devolución. Si el rechazo se recurre y hace falta acreditar técnicamente que el gasto está vinculado a la actividad, la prueba pericial aporta un apoyo probatorio reconocido.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es la devolución de IVA en otros países de la UE?

    Es el procedimiento, regulado por la Directiva 2008/9/CE, que permite a una empresa establecida en un Estado miembro recuperar el IVA soportado en otro Estado miembro donde no está obligada a presentar declaraciones de IVA, mediante el Modelo 360 en el caso de empresas españolas.

    ¿Qué gastos suelen ser recuperables?

    Alojamiento, restauración, combustible, alquiler de vehículos, participación en ferias y congresos, y determinados servicios profesionales y logísticos contratados en otro país de la UE, con variaciones según el Estado miembro de devolución.

    ¿Cuál es el plazo para solicitar la devolución?

    Con carácter general, la solicitud debe presentarse antes del 30 de septiembre del año siguiente al del ejercicio en que se soportó el IVA, aunque conviene gestionarla con antelación para evitar riesgos de plazo.

    ¿Por qué conviene contar con asesoramiento especializado para este trámite?

    Porque cada Estado miembro aplica sus propias exclusiones y requisitos documentales, y una solicitud mal preparada puede ser rechazada o retrasarse varios meses; un asesor especializado revisa la documentación antes de presentarla para minimizar ese riesgo.